Donald Trump, presidente de los Estados Unidos y su gorra MAGA.
La Corte Suprema de Estados Unidos analizó el 1 de abril de este año una Orden Ejecutiva impulsada por el presidente Donald Trump que busca limitar la ciudadanía por nacimiento a hijos de inmigrantes indocumentados. Trump estuvo en la corte, escuchó a su abogado John Sauer, y se marchó.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, expresó dudas sobre el alcance de la propuesta. Desde el ámbito jurídico, Cecilia Wang, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), sostuvo que la Constitución reconoce como ciudadanos a casi todos los nacidos en territorio estadounidense.
La representante Grace Meng, líder del Caucus Asiático-Americano del Congreso ( CAPAC), calificó la orden ejecutiva como inconstitucional y destacó su impacto en las comunidades inmigrantes.
Las autoridades judiciales aún no han dado a conocer un fallo ni han señalado una fecha concreta para hacerlo, por lo que el proceso sigue en curso.
La propuesta del presidente de Estados Unidos pretende cambiar la Constitución para que la ciudadanía no se otorgue automáticamente por el simple hecho de nacer en territorio estadounidense. Un cambio de este tipo requiere una reforma constitucional aprobada por el Congreso y los estados, y no solo un decreto presidencial.
La orden de Trump se aplicaría sólo para futuros nacimientos. Cada año nacen alrededor de 250.000 bebés de padres indocumentados. La comunidad más afectada sería la latina.
Expertos advierten que eliminar o restringir la ciudadanía por nacimiento aumentaría la población indocumentada en millones de personas al crear nuevas generaciones nacidas en el país, pero sin ciudadanía.
Millones de menores ciudadanos tienen al menos un progenitor sin documentos. La administración Trump sostiene que limitar este derecho reduciría incentivos para la inmigración irregular.
