Escena en la sala de espera del clausurao Centro de Solicitud de Asilo en Manhattan, en el 2023. ( Foto Michael Appleton, alcaldía NYC)
Por Daniel Parra / City Limits
La propuesta federal haría prácticamente imposible que solicitantes de asilo trabajen. Es una forma de disuadir a los solicitantes de asilo en el país, al tiempo que priva a quienes actualmente se encuentran en el proceso de la posibilidad de trabajar. Ya pasó el plazo para que el público exprese su opinión sobre la propuesta por el Departamento de Seguridad Nacional.
La propuesta pretende ampliar el periodo de espera para la autorización de empleo de los solicitantes de asilo de seis meses a un año y aumenta el tiempo de tramitación de la autorización de trabajo por parte del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) de 30 a 180 días.
Según el grupo WorkPermits, a nivel nacional hay 2.3 millones de trabajadores solicitantes de asilo que contribuyen a la economía. En Estados Unidos, el asilo está destinado, por lo general, a los inmigrantes que no pueden regresar a sus países de origen por temor a sufrir persecución por motivos como su religión, raza, nacionalidad u opiniones políticas.
Según WorkPermits.US, una organización que promueve la estabilidad laboral, hay aproximadamente 111.000 trabajadores solicitantes de asilo en Nueva York, la mayoría de los cuales se concentran en los sectores de la construcción, los servicios sanitarios, el ocio y la hostelería.
“Quieren que esperemos un año y medio. Están más que duplicando el tiempo que la persona tiene que esperar”, afirmó Amy Leipziger, directora de proyectos del Free to Be Youth Project del Urban Justice Center.
Según la oficina del contralor de la ciudad de Nueva York, en marzo había aproximadamente 29.430 solicitantes de asilo en el sistema de refugios de la ciudad, aunque no está claro cuántos han presentado solicitudes de asilo o permisos de trabajo. Aquellos que ya cuentan con un permiso de trabajo no se verían afectados por el cambio normativo.
Conchita Cruz, codirectora ejecutiva del Asylum Seeker Advocacy Project, afirmó que la organización ha escuchado las preocupaciones de una amplia variedad de grupos y organizaciones.
Esta medida se produce tras los intentos previos de la administración Trump de suspender por completo las solicitudes de asilo durante su segundo mandato (aunque posteriormente las autoridades levantaron la suspensión para los países calificados como “de bajo riesgo”). La administración presenta este último cambio como un esfuerzo por erradicar el fraude.
“Si implementan esta norma, podría significar que las personas nunca podrán obtener un permiso de trabajo a través de una solicitud de asilo”, afirmó Andrés Santamaría, abogado de Make the Road New York.
Un portavoz de USCIS añadió que esto permitirá a la agencia “dedicar más de sus limitados recursos a la revisión de las solicitudes de asilo pendientes, incluidos los casos atrasados, y otras solicitudes y peticiones pendientes, y permitirá que nuestro sistema de asilo dé prioridad a quienes realmente buscan refugio del peligro”.
“Queremos eliminar las políticas que implementó la administración anterior que priorizaban la comodidad de los extranjeros por encima de la seguridad de los estadounidenses”, afirmó el portavoz del USCIS, Zach Kahler, en un comunicado. “Trabajar en los Estados Unidos es un privilegio, no un derecho”.
“La norma privará a los solicitantes de asilo de la capacidad de mantenerse por sí mismos, pero también aumentará la probabilidad de que se enfrenten a situaciones de explotación en el lugar de trabajo”, afirmó Mario Bruzzone, vicepresidente de políticas de la New York Immigration Coalition. “La norma corre el riesgo de empujar a muchos solicitantes de asilo hacia el empleo informal o clandestino, donde las protecciones laborales son más débiles y los trabajadores son más vulnerables al robo de salarios, la coacción y las condiciones de trabajo inseguras”.
