
Gobernadora Cathy Hochul firmando la ley para proteger indocumentados en el estado de Nueva York. Foto Susan Watts, NYS
La gobernadora Kathy Hochul anunció un conjunto de leyes para proteger a los neoyorquinos de la aplicación agresiva de la ley federal de inmigración. Es parte del presupuesto fiscal 2027. Las fuerzas del orden locales mantendrán la seguridad de nuestras comunidades y no harán el trabajo del ICE. Protege los derechos constitucionales de los neoyorquinos frente a la extralimitación federal y exigirán responsabilidades a los agentes federales.
“Siempre he sido clara: los abusos flagrantes de poder por parte de ICE no se tolerarán en Nueva York. Por eso hemos promulgado un conjunto integral de políticas para exigirle responsabilidades a ICE, proteger los derechos constitucionales y la seguridad de todos los neoyorquinos, y garantizar que no haya refugio para delincuentes en nuestro estado”, dijo la gobernadora Hochul. “Estados como Nueva York pueden y deben ser un referente y un líder nacional contra los abusos de ICE, y me enorgullece promulgar estas sólidas y sensatas medidas de protección para los neoyorquinos”.
Las medidas incluidas en el presupuesto son:
Prohíbe a los gobiernos locales establecer acuerdos con el gobierno federal que permitan el uso de personal e instalaciones policiales estatales y locales para fines de control civil de la inmigración.
Prohíbe a los agentes estatales, locales y federales usar cubrebocas al interactuar con el público.
Una ley estatal que permitiría a los neoyorquinos presentar demandas contra funcionarios federales, estatales y locales por la violación de sus derechos constitucionales. Las acciones contra funcionarios federales son mucho más limitadas bajo la actual ley federal.
Prohíbe el uso de agencias civiles estatales y locales, así como de recursos de escuelas públicas, incluyendo el tiempo de sus empleados, para actividades de control migratorio civil. Se prohibe interrogar o investigar a personas únicamente con fines migratorios civiles, a menos que lo exija una orden judicial federal o la ley.
VIviendas, parques, guarderías, preescolares, hospitales, escuelas, residencias estudiantiles, centros de salud y comunitarios, bibliotecas y albergues, no pueden facilitar el acceso de autoridades de inmigración sin una orden judicial. También protege contra la intimidación e interferencia de los votantes en los centros de votación.
Garantiza que los estudiantes inmigrantes accedan a educación pública gratuita independientemente de su estatus migratorio. Prohíbe la recopilación y divulgación de datos sobre el estatus migratorio que podrían inhibir el ejercicio de dicho derecho por parte de los estudiantes indocumentados.



