Las restricciones del proyecto de ley S.B.1 supondrán una carga más pesada para los latinos y votantes de color

Un proyecto de ley que dificultaría que los tejanos, en particular los votantes de color, emitan sus votos, es inconstitucional y, además, atenta contra las leyes federales de derecho al voto porque restringe el acceso a las urnas, reclama una demanda presentada hoy en un tribunal federal.

MALDEF (Fondo Méxicano Americano para la Defensa Legal y de la Educación), el Brennan Center for Justice de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y los bufetes de abogados Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP en New York y Weil, Gotshal & Manges LLP en Dallas, Texas, presentaron una demanda en el Tribunal de Distrito de los EE. UU. en San Antonio por el proyecto de ley del Senado estatal de Texas, conocido como el “Senate Bill 1” o “S.B. 1.” La demanda, presentada a nombre de 10 organizaciones comunitarias y de membresía, un funcionario electoral, un juez electoral y varios votantes, afirma que las disposiciones del S.B. 1 violan la Ley del Derecho al Voto federal, la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos y las enmiendas constitucionales número uno, catorce y quince. La Cámara y el Senado de Texas aprobaron el proyecto de ley el martes pasado.

“El proyecto de ley S.B. 1 reduciría la participación de los votantes y discriminaría por motivos de raza, y por esas razones debería ser anulado en los tribunales ”, dijo Nina Perales, vicepresidenta de litigación de MALDEF. “Además de  dificultar la votación para todos los votantes, el S.B. 1 está dirigido directamente a latinos y asiáticos estadounidenses con disposiciones específicas que reducen la asistencia a los votantes con un dominio limitado del inglés”.

Entre  las disposiciones del S.B. 1 que podrían hacer más difícil  que los votantes emitan su voto figuran restricciones que limitan la asistencia que las personas pueden brindar a los votantes que necesitan ayuda. El S.B. 1 también dificultaría que los trabajadores electorales mantengan la seguridad y la protección en el lugar de votación. La legislación restringiría la autoridad de los trabajadores electorales para remover a los observadores electorales partidistas que están acosando a los votantes. Además, con el S.B. 1, los trabajadores electorales podrían quedar expuestos a repercusiones legales si intentan limitar el comportamiento de los observadores electorales partidistas.

Según el S.B. 1, los empleados de organizaciones sin fines de lucro que ayuden a las personas a votar por correo se arriesgarán a ser acusados de delitos graves, exponiéndose a hasta dos años de cárcel, lo que crea una barrera para los votantes de edad avanzada y los votantes con discapacidades. Por ejemplo, la legislación haría un delito el pagarle a alguien por brindar dicha asistencia a los votantes o que se ofrezca, reciba o se solicite dicho pago. Estas medidas también restringirían las actividades de participación cívica lideradas por organizaciones comunitarias. Además, el S.B. 1 revertiría las iniciativas de votación que aumentaron el acceso a la boleta durante la pandemia de COVID-19, como la votación en el auto y el horario extendido de votación temprana.

“Por ley, todos los ciudadanos de Texas tienen el mismo derecho al voto, independientemente de su raza o discapacidad. Pero con el S.B. 1, la legislatura está socavando la igualdad de acceso a las urnas”, dijo Sean Morales-Doyle, director interino del Programa de Elecciones y Derechos Electorales del Brennan Center for Justice. “Las innumerables restricciones en su legislación las sentirán más los votantes latinos, negros y asiáticos en Estados Unidos, al igual que votantes con discapacidades y votantes de edad avanzada. Estos nuevos impedimentos para votar no tienen propósito legítimo para mantener las elecciones en Texas justas y seguras. El tribunal debe invalidar esta vergonzosa legislación”.

Además, el S.B. 1 limitaría la capacidad de los funcionarios electorales de hacer su trabajo. Por ejemplo, en la demanda se argumenta que se restringiría el derecho a la libre expresión, protegidos bajo la primera enmienda constitucional, de la Administradora Electoral del Condado de Harris, Isabel Longoria, bajo la disposición del proyecto de ley que vuelve un delito que ella aliente a las personas elegibles, o que puedan ser elegibles, a que soliciten boleta de voto por correo.

Los demandantes incluyen la Liga Anti-Difamación de las regiones de Austin, el Suroeste y Texoma; FIEL Houston; Iglesia Bautista Friendship-West; Isabel Longoria, administradora de elecciones del condado de Harris; Jolt Action; James Lewin, juez electoral; La Unión Del Pueblo Entero (LUPE); Asociación de Abogados Mejicoamericanos de Texas; Southwest Voter Registration Education Project; Texas HOPE; Texas Impact; y William C. Velasquez Institute.

La denuncia y más información sobre la demanda se pueden encontrar aquí.

El Brennan Center for Justice en la Facultad de Derecho de NYU es un instituto no partidista sobre política y derecho que trabaja para reformar, revitalizar y, cuando sea necesario, defender los sistemas de democracia y justica de nuestro país.