Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York. Foto alcaldía NYC
El alcalde de New York City, Zohran Mamdani, firmó la Orden Ejecutiva 13 para restringir severamente la aplicación federal de las leyes de inmigración en propiedades municipales en medio de una agresiva ofensiva federal. La directiva marca un cambio drástico hacia el fortalecimiento de las históricas políticas de ciudad santuario de la ciudad.
Disposiciones clave de la Orden Ejecutiva 13
- Requisito de orden judicial: Prohíbe que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ingresen a propiedades de la ciudad —incluyendo escuelas, refugios, hospitales públicos y estacionamientos municipales— a menos que posean una orden firmada por un juez.
- Protecciones estrictas de privacidad: Restringe a todas las agencias municipales de compartir información personal o registros de datos de los residentes con las autoridades federales de inmigración, salvo cuando la ley lo exija.
- Auditorías de cumplimiento: Exige que los departamentos municipales designen oficiales de privacidad, realicen capacitaciones obligatorias para el personal y auditen todas las interacciones pasadas con las autoridades federales.
- Gestión de crisis: Establece un comité de respuesta interinstitucional diseñado para coordinar los recursos de la ciudad durante grandes operativos federales de cumplimiento.
El contexto y la fricción federal
El alcalde Mamdani anunció la orden durante el desayuno anual interreligioso de la ciudad. Condenó lo que describió como “aplicación abusiva de las leyes de inmigración” por parte de agentes federales enmascarados. Junto con la orden ejecutiva, la administración lanzó una amplia campaña de “Conozca sus derechos”, distribuyendo más de 30,000 paquetes informativos multilingües a través de lugares de culto locales para proteger a las comunidades inmigrantes del pánico.
El Department of Homeland Security (DHS) criticó la medida, afirmando que la falta de cooperación compromete la seguridad pública y obstaculiza las operaciones federales. Funcionarios de la ciudad respondieron que la inmigración sigue siendo una responsabilidad federal y defendieron su derecho, bajo la Décima Enmienda, a gobernar las propiedades municipales de manera independiente.
