La carga pública afecta a nuevos inmigrantes y sus familias. Foto La Opinión
La nueva definición de carga publica afectará a las personas que estén solicitando para residencias, para visas en el extranjero, para extensión de sus visas o cambio de estatus. No les impacta a los solicitantes de asilo, peticiones de violencia domestica (VAWA), visas para jóvenes abusados o abandonados (SIJ) y visas U, entre otros.
La definición de carga pública se ha ampliado para incluir otros beneficios públicos recibidos por el solicitante durante 12 meses dentro de un periodo de 36 meses. La nueva regla no es retroactiva y entrará en vigor para todos los que soliciten a partir del 24 de febrero del 2020. Aunque las personas no hayan recibido ningún beneficio público tienen otros asuntos de que preocuparse ya que USCIS tomará en consideración otros factores mencionados adelante.
El concepto de “carga pública” no es nuevo ya que el gobierno siempre ha considerado que el solicitante no sea dependiente del gobierno. Antes, si el peticionario no tenía suficiente ingreso para pedir al inmigrante, era suficiente si buscaba un patrocinador que lo apoye, ahora este será solo uno de los factores que el servicio de inmigración consideraría.
Será un análisis de la “totalidad de las circunstancias” y para esto considerarán factores negativos y positivos dentro de las siguientes categorías: 1) La edad del solicitante, favoreciendo a los que tienen más de 18 y menos de 65; 2) la salud del solicitante si es que requiere de un tratamiento médico extensivo como factor negativo, que lo podría resolver si tiene seguro médico o poder pagarse su tratamiento; 3) el tamaño de la familia; 4) los recursos económicos del hogar; 5) el nivel de educación, de inglés y destrezas; 6) estatus migratorio; y 7) que el patrocinador preferiblemente sea un familiar o alguien cercano.
Los beneficios que inmigración considerará en su nueva definición serán: SSI, TANF, asistencia en efectivo, SNAP (food stamps), Sección 8 de vivienda y renta y Medicaid (federal). Existen excepciones para el Medicaid de emergencia, para mujeres embarazadas y menores de 21 años. Es importante recalcar que los beneficios que reciben sus hijos ciudadanos no se tomarán en cuenta, pero si serán un factor que considerarán en su análisis.
Si es que el gobierno determina que el solicitante es una carga publica para el gobierno ellos tendrán una oportunidad de pagar una fianza de $8,100. Para más información llámenos al 1(718)478-8583.
Por la abogada Ana María Bazán
