Un grupo diverso de organizaciones de todo el estado está instando a la gobernadora Kathy Hochul a firmar el Proyecto de ley de financiamiento de los interventores de servicios públicos (A873-A, Cahill / S3034-A, Parker).
El proyecto de ley igualaría las condiciones para los consumidores de servicios públicos y permitiría que las organizaciones sin fines de lucro o grupos de individuos que representan a clientes residenciales o de pequeñas empresas soliciten el reembolso de cargos razonables de los defensores, cargos de testigos expertos, y otros costos asociados con la participación en casos de tarifas de servicios públicos y otros procedimientos ante la Comisión Estatal de Servicio Público (PSC o “Comisión”).
Los residentes de Nueva York ya pagan una de las tarifas más altas de servicios públicos en el país, pero estos servicios esenciales se han vuelto más inasequibles a medida que la inflación alcanza niveles récord y los mercados de productos básicos de combustible fósil siguen siendo extremadamente volátiles. Mientras tanto, las empresas de servicios públicos que cuentan con amplios fondos gastan millones de dólares para discutir ante la Comisión los procedimientos, incluidos casos de tarifas, con el propósito de aumentar aún más las tarifas de los consumidores.[1] Los hogares residenciales y las pequeñas empresas, que a menudo están limitados por el tiempo, el dinero y la experiencia jurídica, se esfuerzan por competir contra estos intereses corporativos.
En la carta a la gobernadora Hochul, AARP New York, el Public Purpose Law Project (“PULP”), y más de dos docenas de otras organizaciones que defienden las comunidades de color, el medioambiente, los adultos mayores y el interés público, se detalla cómo la disponibilidad de estos fondos les daría a los clientes de servicios públicos residenciales y de pequeños negocios una voz nueva e independiente para dialogar sobre los asuntos relativos a la asequibilidad y confiabilidad de sus servicios públicos. Actualmente, otros 16 estados tienen leyes que autorizan el financiamiento de interventores, y otros seis estados tienen programas activos y eficaces, incluidos California, Wisconsin, Idaho, Míchigan, Minnesota, y Oregón.
Beth Finkel, directora estatal de AARP New York, dijo: “Los residentes de Nueva York pagan una de las tarifas de servicios públicos más altas del país. Mientras las empresas de servicios públicos gastan millones de dólares en el dinero de los consumidores para impulsar el aumento de las tarifas de esos mismos clientes, el financiamiento de interventores sería un comienzo hacia equilibrar la situación y les daría a los consumidores una voz independiente en asuntos regulatorios. AARP New York insta a la gobernadora Hochul a tomar este paso importante para arreglar un sistema defectuoso al firmar este proyecto de ley”.
Laurie Wheelock, directora ejecutiva de PULP, dijo: “Al entrar en lo que se espera que sea otro invierno muy crudo para los consumidores, los residentes de Nueva York necesitan más que nunca un conjunto diverso de defensores. El financiamiento de los interventores les daría a esos hogares residenciales una voz más amplia y local en las conversaciones que afectan las tarifas y la confiabilidad de los servicios públicos vitales de los que todos dependemos. Agradecemos a los patrocinadores del proyecto de ley por su firme defensa de derechos e instamos a la gobernadora Hochul a que lo convierta en ley lo antes posible”.
Hazel Dukes, presidenta de la Conferencia del estado de Nueva York de NAACP, dijo: “La energía es una necesidad, y costear este producto esencial se ha convertido en una lucha para demasiados residentes de Nueva York. Los adultos mayores de color en Nueva York están más agobiados por las facturas de servicios públicos que la mayoría, como evidenció Disrupt Disparities, una iniciativa nuestra y de AARP New York. La Conferencia del estado de Nueva York de NAACP apoya plenamente este financiamiento, que representaría un paso adelante hacia nivelar un campo de juego que se inclina demasiado a favor de las compañías proveedoras de servicios públicos”.
Bob Cohen, director de Política de Citizen Action of New York, dijo: “Mi experiencia al participar el año pasado en mi primer caso relacionado con las tarifas me demostró que los consumidores de estos servicios y los activistas ambientales están simplemente en desventaja al competir con las compañías de servicios públicos. National GRID —una enorme corporación multinacional— tenía a disposición economistas, ingenieros, abogados y otros profesionales bien remunerados, y nosotros teníamos voluntarios comunitarios, asistidos por unos pocos empleados sobrecargados de trabajo y con muchas otras responsabilidades. Si la gobernadora Hochul quiere darles a los residentes promedio de Nueva York que tienen dificultades para llegar a fin de mes una verdadera voz en los asuntos relacionados a los servicios públicos, en cómo funcionan y cuánto pagan por su calefacción, su aire acondicionado y sus facturas de electricidad, entonces debe convertir esta importante legislación en ley”.
Jo-Ann Yoo, directora ejecutiva de Asian American Federation, dijo: “La Asian American Federation ha estado luchando junto con AARP New York y muchos otros colaboradores durante años para ayudar a que los servicios públicos sean más asequibles para los residentes de Nueva York. Tenemos un proyecto de ley ante la gobernadora que finalmente nos llevaría en esa dirección. Instamos a la gobernadora Hochul a que aproveche esta oportunidad y firme este proyecto de ley”.
Russ Haven, director jurídico del New York Public Interest Research Group (“NYPIRG”), dijo: “La gobernadora Hochul debe aprobar este proyecto de ley para ayudar a igualar las condiciones entre los clientes residenciales y los acaudalados servicios públicos cuando se trata de aumentos de tarifas y otros procedimientos. Los servicios públicos contratan ejércitos de abogados, economistas e ingenieros para insistir en el aumento de tarifas y luego hacer que los consumidores asuman el costo de esos servicios. Esta ley ayudaría a equilibrar las cosas al permitir que los grupos sin fines de lucro y los miembros de la comunidad reciban fondos para presentar argumentos a favor de tarifas más bajas de servicios públicos y políticas más sensatas. Los usuarios de servicios públicos de Nueva York necesitan más voz en la negociación de tarifas”.
Wayne Ho, presidente y director ejecutivo del Chinese American Planning Council, dijo: “El Chinese-American Planning Council trabaja para facultar a las personas, las familias y las comunidades para que estén informadas, involucradas y activas, y creemos que el poder comunitario se construye entre generaciones. Uno de cada cuatro adultos mayores chinos en Estados Unidos lucha contra la pobreza, así que instamos a la gobernadora Hochul a firmar esta ley que ayudará a las organizaciones comunitarias a luchar por tarifas justas”.
Briana Carbajal, administradora legislativa estatal de WeACT For Environmental Justice, dijo: “Los consumidores de Con Edison en Uptown Manhattan tienen un promedio familiar de más de $2,000 en deudas de servicios públicos desde el comienzo de la pandemia. Con Edison y otras corporaciones multimillonarias de servicios públicos continúan pidiendo aumentos en las tarifas de electricidad y gas para apoyar sus inversiones desmedidas en infraestructura de combustible fósil, a pesar de la deuda y la crisis climática que están afectando desproporcionadamente a las comunidades menos favorecidas. El financiamiento de interventores dará a las organizaciones comunitarias y a los defensores del consumidor una oportunidad para proteger la salud ambiental y el bienestar económico de nuestros socios al proporcionar las herramientas para desarrollar una voz más fuerte para decir basta ya a los aumentos de tarifas perjudiciales. El estado de Nueva York necesita seguir el ejemplo de los 16 estados en todo el país que ya proporcionan estos fondos esenciales para apoyar la justicia ambiental de las comunidades”.
“La gobernadora Hochul debe promulgar esta legislación fundamental. Es claramente injusto que las organizaciones con recursos insuficientes y los miembros de la comunidad tengan que luchar en procedimientos opacos contra abogados bien remunerados de corporaciones de servicios públicos multimillonarias y las agencias gubernamentales. La experiencia ha demostrado que el Departamento de Servicio Público no controla los aumentos de las tarifas de servicios públicos y la expansión del venenoso gas fraccionado, a pesar del apoyo público abrumador a las fuentes de energía renovable”, dijo Kim Fraczek, directora de Sane Energy Project. “Es inconcebible que el Departamento de Servicio Público no proporcione ayuda financiera ni información en apoyo de la participación pública en procedimientos que afectan todos los aspectos de la vida de las personas”.
Jess Mullen, directora ejecutiva de Communities for Local Power, dijo: “Estamos pidiendo una política lógica y justa. Nuestra situación actual se inclina grandemente a favor de las masivas corporaciones de servicios públicos, a menudo, propiedad de empresas extranjeras. ¿Por qué no equilibrar la balanza para que los residentes de Nueva York también puedan tener una opinión sobre los asuntos que impactan a sus comunidades y sus bolsillos?”.
Amber Johnson, directora ejecutiva de la Energy Democracy Alliance, dijo: “Los residentes de Nueva York pagan algunos de los precios más altos de los servicios públicos, pero no están adecuadamente representados en las conversaciones sobre la disponibilidad y la asequibilidad de los servicios públicos vitales. Un programa de reembolso a interventores permitiría a las organizaciones comunitarias contratar abogados y expertos para que puedan participar de manera significativa en negociaciones con las grandes corporaciones durante los procesos con la Comisión de Servicio Público (PSC). El acceso a la toma de decisiones se ampliaría, lo cual ayudaría a cambiar el sistema y diversificaría y fortalecería los resultados. Esto ayudará a que las conversaciones sean más justas para todas las partes y les dará voz a los intereses de los consumidores en casos de tarifas y otras medidas que tengan un impacto en la asequibilidad”.
Monique Fitzgerald, organizadora de justicia climática de Long Island Progressive Coalition, dijo: “La codicia empresarial está dictando nuestras tarifas y la entrega de un sistema que nos ha llevado a millones de dólares en deudas de servicios públicos y nos ha hundido aún más en la crisis climática. Es hora de que nuestras agencias reguladoras permitan que el interés de las personas nos lleven a un sistema de servicios públicos limpio y sin deudas”.
“Soy residente local y vivo cerca de la North Brooklyn Pipeline y la terminal LNG de National Grid. Para asegurar que esta empresa de servicios públicos con fines de lucro no fuera la única responsable de decidir el futuro de las finanzas, la salud, y la seguridad de mi comunidad, durante los últimos dos años, he ofrecido como voluntaria unas 25 horas a la semana de mi propio tiempo para sustentar un caso contra los proyectos injustos y venenosos de National Grid en North Brooklyn”, dijo Margot Spindelman de la No North Brooklyn Pipeline Coalition. “Simplemente, no podemos confiar en que la Comisión de Servicio Público escuche el análisis del público e implemente nuestras sugerencias. Nuestras agencias deben abandonar su “mentalidad de silo” y abordar las crisis financieras y climáticas que afectan a los residentes de Nueva York. Y las personas directamente afectadas por las propuestas de servicios públicos necesitan recursos públicos para llevar a cabo esta labor vital”. Espero que esto funcione. ¡Muchas gracias!
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