ICE aumenta las redadas y deportaciones a Latinoamérica.

Una de las consecuencias de la política de ‘tolerancia cero’ del presidente Donald Trump es que 545 niños separados de sus padres al cruzar la frontera de Estados Unidos siguen sin poder encontrarse nuevamente con ellos, dijeron abogados que ayudan a reunificarlos en un documento judicial.

Ahora, la pandemia del coronavirus ha retrasado los esfuerzos y los abogados –incluyendo de la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU– creen que el 66% de los padres que no han podido ser contactados fueron deportados a sus países de origen, principalmente a Centroamérica.

Esta política de ‘tolerancia cero’ fue implementada en 2018 bajo el entonces fiscal general Jeff Sessions, a pesar de las advertencias sobre la falta de preparación para ponerla en vigor y el trauma que podía causar en los niños.

De hecho, un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud y Servicios Humanos revelado en marzo pasado precisó que ni el Departamento de Justicia (DOJ) ni el de Seguridad Nacional (DHS) notificaron con antelación al de Salud y Servicios Humanos (HHS) sobre la implementación de la misma cuando se habían separado ya a algunas de las 2,654 familias que intentaron entrar a Estados Unidos a través de la frontera con México.

Por ello, HHS quedó sin una estrategia clara para dar atención a decenas de cientos de menores de edad que entraron en su custodia repentinamente y tuvo que reaccionar abruptamente y con escasos recursos.

Han pasado unos tres años desde que los niños fueron separados de sus padres en medio de la cruzada de Sessions para procesar criminalmente al mayor número de inmigrantes que cruzaban la frontera ilegalmente, y los intentos por reunificarlos siguen siendo complicados. Ello se desprende del avance informado a la corte por el grupo de abogados que desde 2019 trabaja para hallar a los padres.

En abril del año pasado el juez Dana Sabraw, quien preside la corte de San Diego, fijó un plazo de seis meses para que el gobierno de Trump identificase a menores indocumentados que separó forzosamente de sus familias en la frontera con México cuando llegaban al país en busca de asilo.

A finales de octubre de 2019, Jonathan White, comisionado del HHS, reconoció ante la corte de Sabraw que el gobierno federal probablemente separó de sus padres a 1,250 niños inmigrantes en la frontera con México antes de anunciar formalmente la implementación la política de ‘tolerancia cero’.

La política migratoria, una huella de terror que deja a su paso el gobierno de Trump en la frontera con México

Buscan a los padres en sus países de origen

“El gobierno ha provisto 11 listas identificando a 1,556 niños” que potencialmente fueron separados de sus padres. De ese total, hay 1,030 niños de los cuales el gobierno brindó “al menos el número telefónico de un patrocinador o del padre del niño”, lee el documento judicial.

Es en esos niños que se han centrado los esfuerzos del grupo de abogados.

“Hasta el 20 de octubre, el comité (de abogados) ha intentado ubicar a las familias de esos 1,030 niños, y ha contactado exitosamente a los padres (o sus abogados) de 485 niños, un incremento de 47 niños frente al estatus del reporte previo”, agrega.

“Como resultado, hay 545 niños para los cuales el comité aún no ha localizado al padre del que fue separado, se cree que aproximadamente dos terceras partes (66%), en base con la más reciente información disponible del gobierno, se encuentra en sus respectivos países de origen”, especifica.

Buena parte de los padres se encontraría en los países de los que salieron porque, al momento de la separación, los adultos eran enviados a las cortes y los niños transferidos a albergues del HHS. Al final, todos iniciaban su proceso de deportación.

Los abogados reconocen que posiblemente no sea posible ubicar a los padres por teléfono, por lo que han puesto en marcha otros esfuerzos, como la búsqueda en el terreno en sus países de origen, la que se ha demorado debido a la pandemia. Abogados del grupo Justice in Motion lograron localizar a los padres de 187 niños hasta el 20 de octubre, dijeron en el documento.

“El comité (de abogados) tiene la intención de continuar con las búsquedas físicas en el terreno mientras sea seguro hacerlo, y continuar actualizando a la corte sobre su progreso, particularmente si esas búsquedas deben ser limitadas o suspendidas nuevamente por las restricciones a los viajes o riesgos sanitarios”, precisó. Univision

VUELVEN LAS REDADAS

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció el miércoles la puesta en vigor del mandato judicial que le permite deportar extranjeros de manera acelerada, una actividad congelada el 27 de julio de 2019.

En un comunicado Tony Pham, director en funciones de ICE, explicó que esto “permitirá proteger aún más nuestras comunidades” y con ello se podrá “preservar la integridad de las leyes de inmigración exigidas por el Congreso”.

La orden fue aprobada el 30 de septiembre por la Corte de Apelaciones para el Circuito de Washington DC.

Continúa la búsqueda de los padres de 545 niños separados de sus familias en la frontera sur de EE.UU.

Abogados de inmigración continúan trabajando en encontrar a padres que fueron separados de sus hijos al entrar a Estados Unidos. Las autoridades migratorias sostienen que los progenitores no quieren tener a sus hijos de vuelta en sus lugares de origen.

La declaración asegura que “Acelerar las expulsiones ayudará a evitar que los delincuentes peligrosos ingresen a las comunidades para reincidir de manera potencial”. Quedan exentos de la medida “los niños extranjeros no acompañados”.

Están sujetos a una expulsión acelerada quienes no hayan sido admitidos o puestos en libertad condicional en territorio estadounidense; si se determina que son inadmisibles por Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) o no han demostrado afirmativamente, a satisfacción de un oficial de inmigración, “que han estado físicamente presentes en Estados Unidos de manera continua durante el período de dos años inmediatamente anterior a la fecha de la determinación de inadmisibilidad”.

La INA permite que el Departamento de Seguridad Nacional retire, “sin una audiencia ante un juez de inmigración”, a los extranjeros encontrados en un puerto de entrada que son inadmisibles a EE. UU. Voa