La situación sociopolítica en Centroamérica sigue complicada, aunque Trump dice lo contrario, que ha mejorado, y por eso les quita la protección temporal (TPS) a inmigrantes de Honduras y Nicaragua.
Un tribunal federal de apelaciones determinó esta semana acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) afectando a más de 60,000 personas de Honduras, Nepal y Nicaragua. Esta corte estuvo de acuerdo con el presidente Trump.
La decisión sumaria de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos responde a una solicitud de emergencia presentada por la administración Trump y deja a miles de inmigrantes que han vivido en EE.UU. por más de dos décadas en riesgo de detención y deportación.
“No puedo soportar la idea de ser separado de mi familia. He vivido en este país desde que era un niño pequeño y aquí pertenezco. Mi hijo también”, dijo Jhony Silva, demandante en el caso, asistente de enfermería, estudiante y padre. “Estoy indignado de que el tribunal permita que estas decisiones gubernamentales abiertamente ilegales entren en vigor. No dejaremos de luchar por justicia”.
“Esta decisión pone en riesgo inmediato de deportación a miles de personas que han cumplido con todo lo que se les ha pedido,” dijo José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, demandante principal en el caso. “Con esta decisión, el gobierno y el sistema legal le dan la espalda a personas que han llamado hogar a Estados Unidos por décadas. Son personas que este país reconoció como héroes durante la pandemia de COVID — trabajadores de salud, cuidado infantil y otros proveedores esenciales en la primera línea. El Congreso debe actuar ahora”.
Los demandantes están representados por la National Day Laborer Organizing Network (NDLON), las fundaciones ACLU del Norte y Sur de California, el Center for Immigration Law and Policy (CILP) de la Facultad de Derecho de UCLA, y Haitian Bridge Alliance.
“Las personas con TPS merecen algo mejor que esto”, dijo Jessica Bansal, abogada de la National Day Laborer Organizing Network. “Esta decisión permite que madres, padres, estudiantes y trabajadores que han vivido legalmente en este país por décadas sean despojados de su estatus sin siquiera reconocer la devastación que esto causa a sus familias ni las contribuciones que han hecho a sus comunidades”.
El panel de tres jueces se negó a considerar el daño que su decisión infligiría a las personas con TPS y, en su lugar, citó órdenes previas de suspensión de emergencia de la Corte Suprema de Estados Unidos en otro caso que involucra a un grupo distinto de inmigrantes de otro país.
“Lo que estaba en juego era si el tribunal debía anular sumariamente — en una base de emergencia — una decisión final cuidadosamente razonada, basada en una revisión completa del expediente”, dijo Emi MacLean, abogada de la ACLU del Norte de California. “El tribunal actuó en contra de la ley, y esta decisión tendrá consecuencias devastadoras para decenas de miles de personas y familias.”
El caso, presentado en julio de 2025, argumenta que las decisiones de la administración de rescindir el TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal violan la Ley de Procedimiento Administrativo (APA) al ignorar las condiciones de los países y, en su lugar, basarse en una decisión política predeterminada de desmantelar el programa TPS. El caso también sostiene que las decisiones estuvieron motivadas por discriminación racial, en violación de la garantía de debido proceso de la Quinta Enmienda. El 31 de diciembre, en una decisión final tras una revisión completa del expediente, el tribunal de distrito determinó que las decisiones de la administración Trump eran ilegales y restauró temporalmente las protecciones del TPS.
“Cada juez que ha evaluado plenamente en sus méritos las decisiones de terminación del TPS de la administración Trump las ha declarado ilegales”, dijo Ahilan Arulanantham, codirector académico de CILP y abogado de los demandantes. “Cada decisión adicional que permite al gobierno evadir el proceso normal de apelación mediante ‘suspensiones de emergencia’ causa un daño mayor al estado de derecho”. National TPS Alliance
