Por Javier Castaño. —
“Porque somos inmigrantes, creen que no podemos defendernos, pero aquí estamos en pie de lucha porque no somos criminales”, dijo Katy Díaz, vendedora ambulante en el condado de Queens. “El Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York debe de cumplir la ley y no infringirla con multas y confiscando nuestra mercancía”.
Díaz habló en una conferencia de prensa en la esquina de la 37 Avenida y Junction Boulevard, en Jackson Heigjhts, a donde acudieron casi 100 vendedores ambulantes a quejarse por el trato que están recibiendo de la autoridad. La gran mayoría eran mujeres.
Díaz dijo que pertenecía a la recién formada Roosevelt Avenue Organization para enfrentar a los policías y bomberos que desde el pasado 23 de agosto están confiscando mercancía y multando sin previo aviso.
Como el caso de Raúl Gallegos, quien vendía herramienta vieja en el andén de la calle 91 y la Roosevelt Avenue. “Se llevaron mi mercancía, me dieron una multa de mil dólares y no me queda otra alternativa que seguir peleando por el sustento de nuestras familias”.
A Blanca Alvarado los policías del cuartel 115 le quitaron su carro para preparar comida que había comprado por 6.000 dólares con la ayuda de sus hijos. “Llevo viviendo 5 años en los Estados Unidos y mi esposo murió durante la pandemia. La policía llegó a las 7 de la noche del 23 de agosto y me pidieron la licencia, se las mostré y luego me exigieron el permiso para vender en la esquina de Roosevelt y Junction, pero no lo tengo. Entonces se llevaron las parrillas para tirarlas a la basura y desde entonces no puedo trabajar”, dijo Alvarado con rabia y resignación.
Alvarado recibió una multa de $1.000 y otras dos multas sin costo por vender tripa mishqui ecuatoriana sin el permiso de ubicación de la ciudad de Nueva York.
La conferencia de prensa fue organizada por Street Vendor Project del Urban Justice Center. Argumentan que la policía viola la enmienda 14 de la Constitución y los protocolos de vales de propiedad. En esta ciudad hay alrededor de 20.000 vendedores ambulantes y en el 2021 el Concejo pasó una ley para otorgar 4.500 permisos en 10 años, pero hasta mayo de este año solo se han entregado 127. “Como la lista de espera es tan extensa, algunos vendedores ambulantes se ven obligados a pagar hasta 25.000 dólares por una licencia”, se lee en el comunicado de prensa. La lista de espera para vender mercancía es de 10.809 y la lista de espera para vender comida es de 9.500.
Lulu Ye llegó de China hace 7 años y con su esposo vendía mercancía en el mismo lugar en donde se realizó la conferencia de prensa. Obtuvo la licencia, pero no el permiso para vender en esa esquina y la policía le dijo que ocupaba un espacio muy grande. “Se llevaron todo y ahora no tenemos como sustentar a nuestros tres hijos”, dijo Ye.
Un camión del Departamento de Sanidad confiscando mercancía y utensilios de cocina de los vendedores ambulantes. Foto Javier Castaño
“Yo vendía antojitos mexicanos pero los policías nos cayeron como avispas y se llevaron todo”, dijo Ruth Palacios, quien llegó a este país hace 25 años y lleva 11 como vendedora ambulante.
“Somos mujeres inmigrantes, nos levantamos a las 3 de la mañana a cocinar y necesitamos educación, licencias y permisos para vender nuestros productos”, dijo Cleotilde Juárez.
Para Irene Arizaga, el concejal Francisco Moya y la gobernadora Kathy Hochul deben cambiar su estrategia. “Somos pequeños comerciantes que contribuimos a la economía y necesitamos ayuda”, dijo Irizaga, quien vendía chorizos y fritada.
Al final los vendedores ambulantes caminaron por Junction Boulevard y terminaron bailando al ritmo del Mariachi Corazón de México.
