Presidente Trump ordenó deportaciones de venezolanos a El Salvador bajo Ley de Enemigos Extranjeros de 1798.
Un panel de un tribunal federal de apelaciones falló que el presidente Donald Trump no puede utilizar una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII para acelerar las deportaciones de personas a las que su gobierno acusa de pertenecer a una pandilla venezolana. Así se bloquea una medida emblemática del mandatario que está destinada a dirimirse finalmente en la Corte Suprema de Estados Unidos.
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito federal, uno de los tribunales de apelaciones federales más conservadores del país, falló a favor de los abogados de derechos de los inmigrantes y de los jueces de tribunales inferiores. Argumentaban que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 no fue diseñada para utilizarse contra bandas como Tren de Aragua, el grupo venezolano al que Trump apuntó al invocar la ley en marzo.
Lee Gelernt, quien argumentó el caso para la ACLU, dijo que “el uso de un estatuto de tiempos de guerra por parte de la administración Trump durante tiempos de paz para regular la inmigración fue correctamente detenido por el tribunal. Esta es una decisión de suma importancia que limita la visión del gobierno de que puede simplemente declarar una emergencia sin ninguna supervisión por parte de los tribunales”.
El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a un pedido de comentarios.
Estados Unidos deportó a personas designadas como miembros de Tren de Aragua a una prisión notoria en El Salvador donde, argumentó, los tribunales estadounidenses no podían ordenar su liberación.
En un acuerdo anunciado en julio, más de 250 de los migrantes deportados regresaron a Venezuela.
La Ley de Enemigos Extranjeros sólo se había utilizado tres veces en la historia de Estados Unidos, todas durante guerras declaradas: en la Guerra de 1812 y las dos guerras mundiales. El gobierno de Trump argumentó sin éxito que los tribunales no pueden cuestionar la determinación del presidente de que Tren de Aragua estaba conectado con el gobierno de Venezuela y representaba un peligro para Estados Unidos, con lo que justificaba el uso de la ley.
La decisión prohíbe las deportaciones desde Texas, Luisiana y Misisipi. La mayoría estuvo formada por los jueces de circuito Leslie Southwick, designado por George W. Bush, e Irma Carrillo Ramirez, nombrada por Joe Biden. Andrew Oldham, nominado por Trump, disintió.
La opinión mayoritaria dijo que las acusaciones de Trump sobre Tren de Aragua no cumplen con los niveles históricos de conflicto nacional que el Congreso pretendía para la ley.
“El hecho de que un país aliente a sus residentes y ciudadanos a ingresar de forma ilegal a este país no es el equivalente moderno a enviar una fuerza armada y organizada para ocupar, interrumpir o dañar de otro modo a Estados Unidos”, escribieron los jueces.
La Corte Suprema aún no ha abordado si una pandilla puede ser citada como enemigo extranjero en virtud de la ley.
