El blanco en Arizona son los latios. (Foto Javier Castaño)

La pelea en Arizona es por la implementación de la nueva ley de inmigración que le permite a la policía de ese estado parar y solicitar documentos a cualquier persona. Es decir, a los indocumentados que en su gran mayoría son de origen mexicano. En un lado del cuadrilatero están los abogados de la Casa Blanca en representación de la administración del presidente Obama y en la otra esquina la gobernadora de Arizona y sus aliados. Hoy jueves suena la campana para dar inicio al debate.

La administración del presidente Obama acude esta semana a la corte a tratar de impedir la implementación de la nueva ley de inmigración en el estado de Arizona, que entra en efecto el 29 de este mes. Además, al día siguiente más de mil soldados de la Guardia Nacional comenzarán a llegar a la frontera para tratar de impedir el ingreso de indocumentados desde México.

La Casa Blanca argumenta que inmigración es un asunto federal y que los estados no tienen ingerencia. Es decir, que la Constitución de los Estados Unidos es la que prevalece por encima de los derechos y las obligaciones de los estados.

La jueza de distrito Susan Bolton escuchará esta semana en Arizona los argumentos orales en su corte y podrá otorgarle a al administración del presidente Obama su deseo de aplazar la implementación de la ley que le permite a los policías de ese estado parar a la gente en la calle para pedirles documentación.

Si la decisión es en contra de Arizona, entonces el estado puede apelar la decisión de la jueza.

Pero la jueza también pude decidir que la administración de Obama no tiene peso en sus argumentos para impedir la implementación de esta nueva ley. Si este es el caso, entonces la jueza Bolton citará a las partes en conflicto para que debatan sobre la constitucionalidad de la nueva ley de inmigración.

La administración de Obama también puede solicitarle a la Corte Federal del distrito de apelaciones número 9 que impida la implementación de la ley. El fiscal Eric Holder ya dijo que el Departamento de Justicia puede inmiscuirse para determinar si la nueva ley permite o incentiva el racismo en violación de la ley. Es decir, si los policías usarían la ley para buscar indocumentados latinos, en su mayoría de origen mexicano.

También es posible que la jueza Bolton le otorgue parcialmente la razón a la administración del presidente Obama, como impedir que los jornaleros busquen trabajo en las esquinas de las ciudades.

Otro escenario posible es que este nueva ley de inmigración de Arizona conlleve a la búsqueda de una reforma de inmigración. El problema es ponerse de acuerdo en cómo, cuándo y de qué manera reformar la ley de inmigración que afectaría a alrededor de 11 millones de indocumentados que viven en esta nación.

La Constitución de los Estados Unidos fue escrita por inmigrantes o hijos de inmigrantes y por eso no se refiere a inmigración. Simplemente, todos eran inmigrantes y no consideraron importante legislar sobre este asunto. Es decir, en ese entonces no existía el concepto de inmigrantes indocumentados o ilegales.

En el estado de Arizona, más del 60 por ciento de la población está de acuerdo con la implementación de la nueva ley de inmigración, quienes han recogido más de un millón de dólares para defender sus argumentos en la corte. Por otro lado, muchas organizaciones civiles de Arizona y del resto del país han desafiado esta nueva ley aprobada por la gobernadora Jan Brewer.

Jan Brewer, gobernadora de Arizona.

· Un 60% de los votantes favorece la ley de Arizona (23% se opone y 18% dijo que no está seguro), mientras que un 55% de los votantes latinos se opone a la SB 1070 (35% la apoya y 10% no está seguro).

· El apoyo a la ley de Arizona surge del deseo de acción nacional para componer el maltrecho sistema migratorio. Por ejemplo, un 52% de los encuestados dijo que apoya la SB 1070 porque “el gobierno federal no ha resuelto el problema”, comparado con 28% que respondió porque “reducirá la inmigración indocumentada”, y con 12% que opinó que “reducirá la criminalidad”.

El presidente Obama.

Con respecto a las tropas que comenzarán a llegar el primero de agosto, la Secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, dijo: “El ejército proveerá apoyo directo a la ley federal en zonas de la frontera con alta criminalidad por donde están ingresando personas y objetos sin la debida autorización”.

El narcotráfico en México ha incrementado su violencia en México en los últimos años, ocasionando miles de muertos y aumentando las confrontaciones entre los carteles que buscan el control de la frontera para pasar la droga ilegalmente.

“La Guardia Nacional llevará sistemas de vigilancia móvil, binoculares de visión térmica y camiones con equipo para detectar movimientos desde la distancia”, dijo Napolitano.

Este año es de elecciones y la administración del presidente Obama ha dicho en privado que el desafiar esta ley puede alentar el sentimiento anti-imigrante y beneficiar al partido republicano en las elecciones de noviembre de este año. Por eso el presidente Obama quiere mantener la presión sobre los republicanos para que los latinos se sientan aislados del partido republicano.

Este debate sobre inmigración también ha adquirido proporciones internacionales puesto que el gobierno de México ha desafiado la implementación de la nueva ley por considerarla discriminatoria en contra de sus ciudadanos viviendo en los Estados Unidos. Otras naciones como Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Perú se han sumado a las demandas en contra del estado de Arizona.