El historial de asesinatos de líderes sociales en Colombia es enorme y quedan en la impunidad.

Desde que Ivan Duque asumió la presidencia de Colombia han acribillado a balazos a 236 mujeres y hombres líderes sociales en Colombia para sumar ya cerca de 500 asesinados desde la firma de de los Acuerdos de Paz entre el gobierno y las Farc. Alarmante ademas la balacera contra 138 exguerrilleros que sí han cumplido plenamente con los acuerdos. El país sigue siendo  letal para los trabajadores y sindicalistas con 34 asesinados en el 2018 siendo 13  maestros y 10 trabajadores de Fensuagro. Tal vez lo que más  horroriza y da más  miedo, es la impunidad.

Los dos balazos que recibió María del Pilar Hurtado en Tierra Alta-Córdoba frente a dos de sus cuatro hijos y los gritos impotentes de uno de ellos, ha recorrido y estremecido a la nación a finales de junio. Líder comunitaria que negociaba los terrenos donde ella y varias familias vivian pero resulto que esos terrenos son del papá del alcalde del pueblo y allí mandan las Autodefensas Gaitanistas de Colombia- AGC. Temístocles Machado residente en la localidad de Isla de la Paz en Buenaventura con muchos de sus vecinos y que había acumulado los títulos de propiedad de las tierras que aparecidos reclaman como de ellos, después de que se construyó una carretera que divide al barrio. Machado era uno de los grandes promotores de la plataforma Paro Cívico que, en mayo de 2017, paralizó el puerto de Buenaventura y logró que el gobierno accediera a una millonaria inversión en varios proyectos. Ante las amenazas sotuvo que «Irme sería rendirme, olvidar a mi historia y a mi padre”. Luis Barrios Machado del municipio de Palmar de Varela en el departamento del Atlántico era el Presidente del Polo Democrático Alternativo allí, lideraba la lucha contra la multinacional ElectriCaribe que ofrece pésimos y costosos servicios de electricidad y era el presidente de las Acciones Comunales. La lideresa Ana María Cortés del Municipio de Cáceres-Antioquia, opositora del fallido proyecto Eleéctrico de Hidruitango también fue abatida.

Ariel Avila de la Fundación Paz y Reconciliación ha señalado que el 70% de los asesinatos no tiene un autor claro; hay un 30% que pueden ser autoría de disidentes de las Farc, integrantes del ELN  o del Clan del Golfo. Estos “pueden ser competidores políticos, despojadores de tierras o narcos que tienen economías ilegales en algunas zonas”. También denunció que 31 mujeres han sido eliminadas en los dos últimos años por ser lideresas en sus localidades particularmente en el  Cauca y Antioquia.

Mientras tanto el presidente Duque se burla de 12 millones de colombianos que votaron la Consulta Popular Anti-Corrupción al decretar el aumento de los ingresos de los congresistas en $1, 409. 932 por mes para un total de $32, 747.755. Y además en contubernio con su partido le da al prófugo Andrés Felipe Arias los casinos de los oficiales del ejército como cárcel con piscina y todo. Han aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, la Reforma Tributaria, y el Presupuesto Nacional donde al pueblo y a los productores nacionales se les da palo y se defienden los intereses de las  multinacionales mineras. De ahí las movilizaciones de los taxistas, los paneleros, los cafeteros,  los maestros, los santandereanos en defensa del Páramo de San Turbán y contra el fracking.

Resaltemos que Duque ha sido derrotado en su intento de revizar la JEP que hace parte de los Acuerdos de Paz, en las dos cámaras del  Congreso, en la Corte Suprema de Justicia, en la ONU, en la Comunidad Europea y la OEA que apoyan de manera integral los acuerdos de paz. Más aún la Misión de Verificación e Implementación de los Acuerdos de Paz de las Naciones Unidas liderado por Carlos Ruiz Massieu   concluyó que   «una paz verdaderamente sostenible requiere avances complementarios en componentes Acuerdo Final, incluyendo reforma rural integral, sustitución de cultivos ilícitos, garantías de seguridad, reincorporación de excombatientes, justicia y reparación para víctimas”. 

Cada líder social es la expresión real y profunda de la democracia en los territorios y comunidades.  Pero si en medio del conflicto armado del pasado, el pueblo logró adelantar  formidables movilizaciones; hoy sin la guerrilla se acabó la disculpa que eran los guerrillos de civil y pueden visibilizarse mejor las imposiciones anti-nacionales, así como la corrupción y la trascendencia de cada combate popular.  Las batallas de las gentes continuarán y se juntarán para cambiar al país.

Urge condenar y rechazar estos crímenes y exigir al gobierno de Duque y a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y castigo a los responsables materiales e intelectuales. El Derecho a la vida es responsabilidad del Estado y se exige que la asuma. Se entiende también que las comunidades van aprendiendo a defenderse como es el caso de la Guardia Indígena del Cric, la Guardia Cimarrona, la experiencia campesina en zonas de Antioquia y continuar la tarea de denunciar esta dolorosa e insoportable situación.

Hay que reafirmar la oposición al gobierno de Iván Duque y saludar la  jornada del 26 de julio de todas las fuerzas alternativas, la CUT y de los activistas colombianos en NYC en defensa de la vida de nuestros líderes sociales. La esperanza se siente con las convergencias camino a las elecciones de octubre. Cantemosle a la dignidad de la gente sencilla.