El  Presidente Donald Trump planea arrestar unos 52,000 indocumentados para recluirlos en cárceles privadas que aportan millones de dólares a las campañas electorales de republicanos y demócratas.

En su reciente alocución, Trump pidió dinero para las cárceles privadas, sin mencionarlas directamente. Su discurso inició denunciando la “crisis” fronteriza, después mencionó a “miles” de indocumentados arrestados diariamente.

Y declaró la intención del discurso, aludiendo a indocumentados detenidos. “Nos falta espacio (carcelario)  para retenerlos, y no tenemos formas de retornarlos rápidamente a sus países de origen”, dijo.

Después pidió dinero para “espacios de cama” (bed spaces) un eufemismo político estadounidense para “cárceles privadas”. En el website de la Casa Blanca piden $4,200 millones para “espacios de cama” para 52,000 indocumentados, y aumentos en la patrulla fronteriza.

Las cárceles privadas son negocio abominable nacido en los 80, fortalecidas durante la administración de Clinton. El Gobierno Federal les asegura ocupar del 80 al 100% de sus “camas”. También pagan “comisiones por arrestos” a determinados departamentos policiales y de sheriffs.

Hoy las cárceles privadas guardan cerca del 10% de los 2.0 millones de presos estadounidenses, unos 200 mil. El gobierno paga unos $50.00 diarios por recluso.

Correction Corporation of America y Geo Group, las principales cárceles privadas, invierten unos $6 millones financiando campañas de republicanos y demócratas. Unos 52,000 indocumentados pagando $50.00 diarios, en un año son casi mil millones para esos generosos donantes de campañas.

Lo hicieron Reagan, Bush Padre, Clinton, Bush hijo, Obama y ahora Trump.

Las cárceles para inmigrantes son un gran negocio en los Estados Unidos.

Aprobarán el financiamiento de los 52,000 arrestos. En enero próximo, Trump iniciará su campaña reeleccionista diciendo, “arrestén mil cada semana, si me reeligen arrestaremos muchos más.”

Si Trump arrestara 100 mil anuales, serán 800,000 arrestados en ocho años, sería menos de la mitad de los dos millones que Barack Obama arrestó y deportó.

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