Kaleil Isaza ha conocido el cielo y el infierno. Este colombo-estadounidense de 44 años fue uno de los primeros menores de treinta años en volverse millonario durante el boom de Internet en los noventas (una historia retratada en el documental Startup.com) y también uno de los primeros en quebrarse.

Años después, con un título de la Universidad de Harvard bajo el brazo, con varios años de experiencia en la banca de inversión Goldman Sachs, una candidatura fallida por la curul de los colombianos en el exterior y tras fundar nuevos proyectos tecnológicos, Isaza irrumpió en megaproyectos hoteleros, incluido el lujoso Viceroy Hotel en Cartagena.

Pero su vida de joven multimillonario tuvo un nuevo revés el 7 de septiembre de 2015 cuando fue arrestado en el aeropuerto El Dorado cuando planeaba abordar un avión a Cartagena. Estados Unidos lo había pedido en extradición por supuestamente haber participado en un fraude financiero.

Después de más de 9 meses de estar en la cárcel, Kaleil espera en estos días la última palabra de Juan Manuel Santos sobre su extradición. El veredicto del Presidente podría tener consecuencias para los colombianos que van mucho más allá de este caso.

Las vueltas que da la vida

En septiembre 7, de 2015, Kaleil Isaza fue arrestado con una orden de captura provisional y después de unos días en el calabozo de los ‘Martires’, fue llevado al piso 9 de la Picota con otros 160 extraditables.

El 8 de abril de 2016, la Sala Penal de la Corte Suprema estudió su caso. A Kaleil lo acusan en Estados Unidos de haber cometido ocho delitos. La Corte Suprema colombiana decidió negar la extradición por los cinco principales: fraude cablegráfico, fraude en títulos valores, inflar acciones en la bolsa, y falsedad en documento privado. Las dos primeras no son un delito en Colombia, el primer requisito para extraditar a alguien. Y los otros tienen penas inferiores a los 4 años en Colombia, que es el segundo requisito que exige la Corte. Sin embargo, la Corte autorizó la extradición por los tres cargos subsidiarios, que eran la conspiración para cometer los principales.

En Estados Unidos la conspiración se entiende como una especie de coautoría y no existe como delito independientemente de la comisión del delito principal. Pero en Colombia el concierto para delinquir –que sería su equivalente- es un delito que se puede cometer independientemente de si se comete o no el delito para el cual se concertó. Es lo que se llama un “delito autónomo”.

Como ese delito de concierto para delinquir existe en Colombia y tiene una pena de cuatro años o más, la Corte aprobó la extradición de Kaleil por los tres cargos de conspiración.

Con base en ese concepto legal, el Ministerio de Justicia hizo su trámite administrativo y aceptó extraditar a Kaleil Isaza el 8 de abril.

A pesar de que Isaza había rogado con anterioridad que lo extraditaran lo más pronto posible, una vez el gobierno le dio luz verde decidió poner un recurso de reposición en contra de la resolución del Ministerio de Justicia.

“Esto crea un antecedente peligroso para los colombianos y los estadounidenses en este país”, dijo Kaleil cuando La Silla lo entrevistó en la celda del búnker de la Picota hace un par de semanas. “Yo quiero que haya justicia en el sistema de extradición y un debate sobre los abusos que se cometen”.

Francisco Bernate, el abogado de Isaza, dijo en su recurso de reposición que “el caso de Kaleil Isaza empieza a marcar una nueva tendencia en la historia de solicitudes de extradición de los Estados Unidos hacia Colombia” precisamente porque abre la compuerta para que ese país comience a pedir colombianos en extradición por conductas que aquí no son delitos o que son crímenes de poca envergadura “con el simple recurso a la imputación del delito de conspiración”.

La extradición

Colombia ha extraditado en total a 2017 personas, 1038 de ellos durante el gobierno de Santos. Durante el período del actual presidente –que según datos del Ministerio de Justicia ha extraditado más gente que durante todo el período de Uribe- 952 extraditados han sido colombianos y 86 extranjeros.

A pesar de la cantidad de extraditados, Colombia no tiene un tratado de extradición con Estados Unidos, el país que más los pide.

No lo tiene porque varias veces se ha caído una iniciativa en ese sentido en el Congreso y uno en la Corte. Pero, según se lo confirmaron a La Silla dos expertos en el tema, la verdadera razón es que la embajada de Estados Unidos en Colombia siempre se ha opuesto a que lo haya porque le impondría unos límites que hoy no tiene.

Como no hay tratado, la extradición se rige por el Código de Procedimiento Penal y solo exige los dos requisitos de que la conducta sea un delito en Colombia y que la pena mínima sea de cuatro años.

Una persona que trabajó durante años con el sistema de extradición dijo a La Silla que “en el 99 por ciento” de los casos la Corte Suprema aprueba las extradiciones porque solo coteja el ‘check list’ de los requisitos formales. Y aún así, en promedio, los extraditados duran como mínimo un año presos en Colombia antes de ser extraditados. Ese tiempo, en principio, les debe contar para la condena.

“La Corte cumple una labor notarial”, dice el abogado Hugo Quintero, quien ha sido magistrado auxiliar y conjuez de la Corte Suprema. “La extradición es lo más peligroso del mundo”.

Aunque la Corte ha comenzado a poner algunos condicionamientos, en la práctica la única condición que respeta Estados Unidos es la de no aplicarles la pena de muerte.

“Desde siempre hemos entregado nacionales y nunca nos hemos preocupado porque no se les apliquen penas más altas que las aquí contempladas o porque tengan un juicio justo”, dice Carlos Suárez, quien ha defendido a varios extraditables.

Dos de los tres abogados consultados consideran que técnicamente es válido que la Corte autorice la extradición por concierto para delinquir aunque niegue los otros cargos porque ese es un delito autónomo en Colombia.

Pero los tres coincidieron en que es muy extraño que alguien sea extraditado por conspiración para cometer un delito de cuello blanco como el que supuestamente cometió Kaleil Isaza. Los que ellos han visto son concierto para cometer delitos graves relacionados con narcotráfico, lavado de activos o actos violentos.

“Será un caso en un millón”, dijo la funcionaria. Suárez nunca ha visto un caso así. Y Quintero recordaba algunos casos de estafas cometidas en España y uno de fraude al sistema de seguridad social gringo, pero eran la súper excepción.

La Silla verificó con el Ministerio de Justicia y en efecto hay un caso que se concedió por concierto para cometer estafa al sistema de salud de Estados Unidos.

Carlos Suárez considera que si se autoriza la extradición por la conspiración para cometer delitos inexistentes en Colombia o delitos menores sería un peligro. “Podrían pedir a cualquiera por hechos que no son delitos en Colombia”, dijo.

”La extradición es lo más peligroso del mundo”

“¿Interesa al gobierno de la República de Colombia abrir una compuerta que, en últimas, no sería sino la patente de corso para que Estados Unidos pueda perseguir a nuestros conciudadanos o extranjeros, dentro del territorio nacional, mantenerlos privados de la libertad dentro de Colombia durante meses, por delitos o faltas que en esa Nación muy seguramente permitirían inmediatos beneficios como la libertad bajo fianza?”, pregunta el abogado de Kaleil Isaza en su recurso de reposición. Y este tema es uno que refuerza el riesgo del precedente que se crearía con su extradición.

Lo que sufren los extraditados

En el caso de Kaleil Isaza, por ejemplo, los delitos por los que es acusado suelen permitir libertad bajo fianza en Estados Unidos porque no involucran violencia. Es decir, él muy probablemente no habría estado preso ni un día. En cambio, en Colombia lleva preso nueve meses por acciones que no serían delito en el país.

Han sido nueve meses en los que ha tenido que padecer lo que padecen los presos colombianos todos los días.

En el Patio 16 de la Picota, donde estuvo recluido con los demás extraditados, había una hora de agua corriente al día para más de 80 hombres. “La materia fecal se amontona. El sistema de alcantarillado no llega al noveno piso. Los guardianes entran para hacer conteo y no más. La violación sexual es un problema endémico”, contó Isaza.

Él dice que fue “asaltado” tres veces.

Como cuando lo capturaron salió la noticia diciendo que era millonario, un par de horas después de llegar a ‘Mártires’ unos guardianes lo extorsionaron.

Luego en la Picota, unos presos le mostraron una foto en la que aparecía a un lado un periódico con la fecha visible para que viera que había sido tomado hacía pocos días y detrás su hermana menor con sus bebés. Habían tenido a alguien el día anterior en Nueva Orleans donde ella vive y querían cientos de millones de pesos para no hacerle algo.

Lo denunció al director del Inpec a las 11 de la mañana. Dice que una hora y media después el capo del patio ya tenía su declaración en la mano y que al día siguiente había sido publicado en la revista Semana. “Eso dobló mi peligro y la embajada no hizo nada”, dice Kaleil.

Los relatos sobre los abusos que sufrió fueron registrados en una tutela que interpuso ante la Corte del distrito de Nueva York en noviembre de 2015.

En una audiencia el 21 de noviembre, después de revisar la documentación de los abusos, el juez –según consta en la transcripción de la audiencia- se muestra aterrado con el caso: “no acepto que los funcionarios del gobierno de Estados Unidos, que tienen responsabilidad por sus conciudadanos en el exterior, no tengan una responsabilidad de hacer todo lo que puedan para aliviar las circunstancias deplorables, de sufrimiento diario, que están delante mío”.  Después de esta audiencia, Kaleil fue trasladado a una celda en el búnker de la Fiscalía donde ya no corre peligro.

Isaza dice que la embajada de Estados Unidos conoce los abusos que se cometen en el patio de los extraditados pero no hace nada al respecto porque los funcionarios de la Dea y del FBI aprovechan la situación para obtener información de los presos en casos de narcotráfico bajo la promesa de que les ayudarán a agilizar la extradición si colaboran.

“Lo oí muchas veces cuando bajaba a sala de abogados. Es una trampa, y conlleva a falsos testimonios”, dijo Kaleil.

La Silla llamó a la Embajada para obtener su punto de vista pero la Embajada dijo que no se pronunciaría sobre este caso.

Kaleil dice que en el patio en el que estaba había tres tipos de presos: los capos, que eran intocables. Los lugartenientes, que podían ser unos diez, y representaban diferentes grupos criminales. Solían estar armados y manejaban los negocios de contrabando y prostitución de otros presos. Y los esclavos, que eran de tres tipos: los que hacían el aseo, los que hacían diligencias como bajar la comida o mandar mensajes y los esclavos sexuales.

Él dice que terminó ‘comprando’ protección a partir de traducir los ‘indictments’ contra los presos del patio. Y que haciéndolo pudo ver la injusticia del sistema.

Recuerda particularmente el caso de un señor de 60 años, de un pueblo del Pacífico, que era analfabeto y desdentado. Esclavo de aseo, su función era levantarse temprano para llenar baldes de agua durante la hora que había agua corriente. Lo acusaban de manejar un grupo de distribución de droga en Chicago.

“Lo acusan de distribuir miles de kilos de cocaína y de manejar la operación. No tenía idea que Chicago era una ciudad, nunca había salido de Colombia. Tenía un puesto de chicharrón y se lo llevaron”.

Precisamente por los abusos que sufren mientras los mandan a Estados Unidos, es que sería aún más grave si se abre la compuerta de que puedan ser extraditados colombianos o extranjeros por conspirar para cometer un delito que no existe en Colombia o que es menor.

El ejemplo hipotético que pone el abogado de Kaleil en su escrito es lo que podría pasar si gana el candidato republicano Donald Trump y le da por “perseguir por todos los medios posibles” a los inmigrantes que violaron el permiso de residencia o que contrataron inmigrantes ilegales. Esas conductas no serían delito en Colombia. Pero el concierto para cometerlas sí lo sería.

“…en el pasado el gobierno colombiano había podido ignorar los riesgos de “esas zonas grises” hoy denunciadas dentro del procedimiento de extradición vigente, gracias al hasta entonces imperante sentido común en esa nación que impidió que se elevaran pedidos de extradición por casos irrisorios”, dice el defensor de Kaleil. Y se pregunta si “según las conveniencias nacionales” que tendrá que evaluar Santos para dar la última palabra en este caso no es un riesgo hacer caso omiso de ellas.

Tomade de La silla vacía