Cónyuges de ciudadanos estadounidenses podían legalizar su situación con inmigración, pero juez de Texas suspendió esta decisión del presidente Biden.
Un juez federal de Texas ordenó la suspensión de una política del gobierno del presidente Joe Biden que otorgaría estatus legal a los cónyuges de ciudadanos estadounidenses sin tener que salir primero del país. Un revés por lo menos temporal a una de las acciones presidenciales más significativas en varios años para facilitar el acceso a la naturalización.
El juez de distrito J. Campbell Barker ordenó la suspensión después de que 16 estados, todos con fiscales republicanos, impugnaron el programa que podría beneficiar a unos 500.000 inmigrantes que ya se encuentran actualmente en el país, así como a cerca de 50.000 de sus hijos. Los estados acusaron al gobierno federal de eludir al Congreso por “flagrantes fines políticos”.
Uno de los estados que encabeza la impugnación es Texas, el cual aseguró en la demanda que ha tenido que pagar decenas de millones de dólares cada año en aspectos como atención médica y seguridad policial debido a los inmigrantes que viven en la entidad sin un estatus legal.
Biden anunció el programa en junio. La suspensión ordenada por la corte, la cual tiene vigencia de dos semanas, pero podría extenderse, se produce una semana después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzó a aceptar solicitudes.
“Las acusaciones son significativas y ameritan una mirada más de cerca de lo que la corte ha podido darle hasta el momento”, escribió Barker.
Barker fue nombrado por el expresidente Donald Trump en 2019 como juez en Tyler, Texas, que se encuentra bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito, un lugar favorito para los defensores que impulsan argumentos conservadores.
El juez estableció un cronograma bajo el cual podría darse una decisión poco antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre o antes de que el nuevo mandatario asuma el cargo en enero. Barker les dio a las dos partes hasta el 10 de octubre para presentar documentos relacionados al caso.
“La decisión del tribunal de impedir que el gobierno federal proporcione alivio es devastadora para miles de familias de Texas que podrían haberse beneficiado de este programa”, señaló Jessica Cisneros, abogada de la organización de defensa Texas Immigration Law Council.
“Texas no debería ser capaz de decidir el destino de cientos de miles de ciudadanos estadounidenses y sus cónyuges inmigrantes sin confrontar su realidad”, dijo Karen Tumlin, fundadora y directora de Justice Action Center, durante una conferencia de prensa antes de que se diera a conocer la orden.
El programa ha resultado particularmente controversial en un año electoral en el que la inmigración es uno de los temas principales. Muchos republicanos han atacado la medida y aseguran que, en esencia, es una forma de amnistía para las personas que violaron la ley.
El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, aplaudió la decisión del juez.
