El toque de queda de 1977 lo experimenté desde la ventana del segundo piso de la casa familiar en el barrio Quiroga, al sur de Bogotá. Era un adolescente y me pareció un juego de escondite entre el ejército y mis amigos de cuadra que eludían la autoridad en los callejones oscuros. No entendía las razones del conflicto de aquel entonces.

Pero el toque de queda del pasado viernes 22 de noviembre fue una experiencia muy diferente. Vivo en Nueva York hace 35 años, he ejercido el periodismo todo este tiempo y aprendí a ver a Colombia desde afuera, sin tanta pasión y desde una perspectiva más latinoamericana.

La noche del reciente toque de queda, los negocios de los alrededores de Unicentro, al norte de Bogotá, cerraron porque venía un grupo de venezolanos por la carrera Séptima, bajarían por la calle 127 y voltearían a la izquierda por la carrera 15. “Vienen armados y son un peligro”, decían los vecinos y guardias de seguridad.

La verdad es que nadie protestaba por esas calles y los venezolanos nunca llegaron. Los manifestantes se desplazaban a esa hora por la Autopista hacia el norte. Eran jóvenes colombianos que atacaban con consignas al presidente Iván Duque y al expresidente Alvaro Uribe, calificándolos de fascistas y paramilitares.

El día anterior había participado en el Paro Nacional, marché desde la Universidad Javeriana hasta la Plaza de Bolívar. Entrevisté a los líderes sindicales que gritaban desde la tarima y hablé con varios colombianos que protestaban por mejores condiciones de salud, trabajo, pensiones y educación. Las mujeres marcharon por un mejor trato. Indígenas y campesinos exigían que no los sigan matando. Ex guerrilleros de las Farc caminaban al lado de estudiantes y amas de casa.

El mensaje del Paro Nacional fue opacado por los disturbios y actos de violencia en varias ciudades de Colombia. Pero el sonido estridente de las cacerolas se tomó los espacios públicos. Una forma nueva y espontánea de protesta en Colombia.

Los colombianos marcharon el pasado 21 de noviembre por una sociedad más justa y equitativa. Exhibieron carteles condenando la corrupción y a violencia.

En el fondo, los colombianos reclaman la implementación de los Acuerdos de Paz. El proceso de paz posee las herramientas y el mapa que puede orientar a los colombianos por el camino hacia una sociedad más participativa, equitativa y justa. Pero hay dos problemas principales. Primero, los colombianos están repitiendo el mismo discurso de hace décadas que ha impuesto el narcotráfico y la corrupción política. Segundo, no ha surgido un liderazgo diferente que comience a ver la realidad desde la otra orilla, con más oxígeno y que convenza.

El presidente Duque rechazó la violencia e hizo un llamado al Diálogo Nacional, como si otros presidentes o su administración no hubieran tenido en cuenta a todos los colombianos. Como si la inclusión y la justicia fueran exigencias recientes. El presidente Duque habló de “construir un futuro con honestidad”, “escucharnos”, “cerrar las brechas sociales”, “rechazar la desigualdad” y “pasar la página del odio, violencia y desigualdad”. Este ha sido el clamor social desde el Frente Nacional y es la esencia del actual proceso de paz.

Con el fin de pasar esa página de sangre e inequidad, el proceso de paz creó un mecanismo para que los malhechores confiesen sus delitos, pasen por la pena pública y devuelvan las propiedades a las víctimas. La guerrilla se desarmó casi por completo, pero los paramilitares no están dispuestos a devolver las tierras y dejar los negocios ilícitos, incluyendo los asesinatos de líderes campesinos e indígenas. Para cientos de políticos colombianos, salirse del negocio ilícito es una tarea imposible. Deben muchos favores.

Los narcotraficantes se están tomando una vez más los territorios nacionales por la ausencia del estado y porque desde la Casa de Nariño y el Congreso están desmantelando el proceso de paz.

En Colombia, los partidos políticos de derecha, centro o izquierda están atrapados en un remolino que no los deja pensar. El odio y las matanzas que han generado el narcotráfico y la corrupción terminaron por enceguecer a los colombianos. Un ejemplo de esto es que en Colombia es casi imposible tener una conversación sincera y calmada sobre el Proceso de Paz porque surge el nombre del expresidente Uribe o del senador Petro y los ánimos se calientan. Es por la falta de información y madurez política de los colombianos.

En Colombia, como en otras partes del mundo, las redes sociales no ha servido para informar y unificar, sino todo lo contrario. El tejido humano se deshila en Facebook, Twitter e Instagram.

Los medios de comunicación son parte de este remolino porque siguen opinando para complacer intereses económicos y políticos. A los periodistas les dictan lo que tienen que escribir, manipulan la opinión pública, esquivan las voces del pueblo y son superficiales ante una realidad agobiante. Reina la politiquería. Las presentadoras de televisión siguen llamando “desadaptados sociales” a los encapuchados, como si ponerse la capucha fuera un delito y estuviera en contra de la Constitución de Colombia. El problema no son los encapuchados, sino aquellos que incurren en hechos delictivos, con o sin capucha.

Otro factor que es parte de este remolino asfixiante, al menos para los bogotanos, es el tránsito. Los trancones. Bogotá es una ciudad sitiada por la congestión. El Transmilenio regula sus vidas y se sienten enjaulados. Por eso aman y destruyen el Transmilenio cada vez que tienen la oportunidad.

Tomar un taxi no es el camino más rápido para desplazarse en Bogotá, aunque si es el más placentero y conectado con la realidad de Colombia. Los taxistas son los mejores voceros del sentimiento de los colombianos, como es el caso de William Moreno Gutiérrez. Lleva más de 17 años trabajando como taxista y gana alrededor de 30,000 pesos diarios (10 dólares).

Dijo que se levanta todos los días a las 5:30 de la mañana y viaja en Transmilenio durante dos horas con el fin de recibir el taxi y comenzar a trabajar. En las tardes le entrega el taxi a su hermano y regresa a la casa en Transmilenio. El viaje de regreso le toma dos horas y media.

“Los políticos nos tienen jodidos, los paramilitares no paran de matarnos, no puedo ahorrar y tampoco logro educar a mis hijos”, dijo Moreno Gutiérrez mientras nos dirigíamos en su taxi rentado a la Universidad Externado por la Circunvalar para evitar la congestión vehicular. “Por eso mi sueño es largarme de Colombia, vivir en Canadá con toda mi familia y dejar esta locura”.

Javier Castaño