Los niños inmigrates y las familias que no han solucionado su estatus migratorio sufrirán con esta medida implementada por el presidente Trump.

A mediados de octubre entrará en vigor la Regla Final de Carga Pública, una drástica reestructuración de la norma migratoria que activa una ley con 140 años de vigencia y es parte del plan del gobierno de Donald Trump para frenar la inmigración.

Vecindarios de alta población inmigrante como Queens, en especial Corona, Jackson Heights, Woodside y Astoria, sentirán el peso de esta nueva medida federal. Habrá menos dinero circulando y podrán aumentar el hambre y las enfermedades crónicas por la ausencia de servicios.

A quiénes afecta o cómo evitar correr nuevos riesgos si quiere residir en Estados Unidos, son apenas algunas de las preguntas por contestar desde que el lunes se supo del nuevo plan. En la mira ahora están los inmigrantes en situación regular que usen fondos públicos.

Aunque la ciudad de Nueva York comienza a defenderse. «Esta política es peligrosa y miope y podría evitar que más de 250,000 personas que reciben algún tipo de tratamiento en lnuestros hospitales públicos, incluyendo niños y ciudadanos, acudan a sus citas», dijo Mitchel Katz, presidente del NYC Health + Hospitals. «Va en contra de todo lo que queremos hacer en la ciudad de Nueva York para garantizar atención médica a todos, con dignidad y respeto para crear comunidades saludables».

Las nuevas reglas se basan en la Ley de Inmigración de 1882, que permite al gobierno de Estados Unidos denegar una visa a cualquier persona que pueda convertirse en una «carga pública».

El alcalde Bill de Blasio y la comisionada de la Ofician de Asuntos de Inmigración, Bitta Mostofi, emitieron un comunicado conjunto en defensa de los inmigrantes y amenazando al presidente Trump. «Este es otro ataque directo a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes en la ciudad de Nueva York», escribieron en Twitter. «Siempre estaremos con los inmigrantes y para nuestro presidente: nos vemos en la corte».

El primer mandatario y su comisionada le recuerdan a los inmigrantes que pueden llamar al 311 para obtener información porque esta es una ciudad santuario para todas las personas sin importar su estatus migratorio. También pueden llamar al 1-800-354-0365 o visitar la página digital www.nyc.gov/publiccharge en donde se actualizará periódicamente la información sobre ‘carga pública’ para orientar a los inmigrantes.

En promedio, 544.000 personas a nivel nacional solicitan la residencia legal cada año, de ellos unos 382.000 son de categorías que serían objeto de la nueva revisión, de acuerdo con el gobierno.

Rossana Rosado, secretaria de estado del estado de  Nueva York, dijo que “es una medida cruel que ataca la población más vulnerable. Esta medida draconiana es antiamericana y anti Nueva York. Pelearemos esta medida con la misma fuerza que peleamos la inclusión de la pregunta de ciudadanía en el Censo 2020”.

Letitia James, fiscal general de este estado, amenazó con demandar a la administración Trump: «La nueva regla de carga pública del Presidente Trump es un ejemplo más de que su Administración le da la espalda a las personas que luchan por mejorar su vida y la de sus familias. Bajo esta nueva norma, los niños pasarán hambre; las familias se quedarán sin atención médica. Estoy comprometida a defender a todas las comunidades de Nueva York, por lo que tengo la intención de demandar a la Administración Trump por este indignante reglamento”.

A continuación algunas preguntas de interés:

¿Cuáles son los beneficios descalificatorios?

Muchos inmigrantes hacen uso por años del programa de asistencia médica Medicaid o reciben cupones de alimentos, subsidios para la vivienda, dinero en efectivo y otras prestaciones sociales.

Las nuevas reglas tienen como objetivo a la gente que ingresó a Estados Unidos de manera legal y que busca un estatus permanente. El interés es que el país tenga un sistema basado en las aptitudes de los migrantes, no en la reunificación familiar.

¿Quiénes están señalados en la nueva medida?

La mayoría de los inmigrantes no residentes son inelegibles para los principales programas de ayuda hasta que obtienen las tarjetas de residencia.

La nueva regla publicada por el Departamento de Seguridad Nacional el lunes amplía la definición de una carga pública que descalifica a más personas. Ahora los aspirantes a residentes deberán mostrar niveles más altos de ingresos para obtener una visa, y la regla amplía en gran medida a la lista de beneficios del gobierno que los descalificaría para obtener la residencia en Estados Unidos.

Incluso quienes paguen impuestos, pero usen los programas de ayuda, estarán afectados.

No se aplicarán a los ciudadanos estadounidenses, aunque los inmigrantes que sean familiares de éstos podrían ser sujetos a la nueva regla.

Los solicitantes de la residencia deberán presentar sus declaraciones de impuestos de los últimos tres años, además de un historial de empleo. Si tienen un seguro médico privado, eso será un factor importante a su favor.

¿Cuáles son las excepciones?

Las mujeres que están embarazadas y reciben Medicaid o que necesitan asistencia pública no estarán sujetas a las nuevas normas durante el embarazo y en los 60 días posteriores al nacimiento del bebé.

El subsidio para personas de bajos recursos conocido como Medicare Part D no será considerado una prestación social. Tampoco las prestaciones que reciben los menores de edad hasta los 21 años. Ni la ayuda para emergencias médicas, programas que ofrecen almuerzo escolar, adopciones u hogares temporales, préstamos estudiantiles e hipotecas, albergues para indigentes y ayuda en caso de desastres naturales.

Las personas que sirven en las fuerzas armadas estarán exentas, así como los refugiados y solicitantes de asilo. Y las nuevas reglas no serán aplicadas en forma retroactiva.

¿Qué papel tiene USCIS ahora?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) tendrá a su cargo evaluar si los solicitantes han recibido ayuda pública. Además para otorgar estatus de residente tendrán en cuenta factores hasta ahora fuera de los parámetros como la educación, el salario y la salud.

«Queremos que venga al país gente autosuficiente (…) Esa es la base del sueño americano. Algo muy arraigado en nuestra historia, particularmente en nuestra historia de inmigración legal», dijo el lunes al hacer el anuncio el director interino del USCIS, Ken Cuccinell.

¿Cuáles son los argumentos de la Casa Blanca?

Al hacer el anuncio, Cuccinelli, a nombre de la administración Trump argumentó que no se trata de rechazar los emblemáticos valores estadounidenses: «Definitivamente no estoy preparado para quitar nada de la Estatua de la Libertad».

¿Qué dicen grupos defensores de inmigrantes?

Estiman que las nuevas medidas desalentarían a los inmigrantes a pedir ayuda y están preocupados por el amplio margen ganado por las autoridades migratorias para decidir sobre el destino de los migrantes.

Algunos grupos como el Centro Nacional de Leyes Migratorias, con sede en Los Ángeles, preparan demandas basadas en que eventualmente la nueva norma intenta redefinir el sistema de inmigración legal «para privar de derechos a las comunidades de color y favorecer a las acaudaladas».

La Asociación de Colegios Médicos Estadounidenses ha dicho que «las consecuencias de esta acción serán para posiblemente exacerbar las enfermedades y aumentar los costos de la atención médica cuando su condición se vuelva demasiado grave como para ignorarla».

El grupo dice que el cambio va a empeorar «las desigualdades y disparidades de salud existentes, ocasionará más daño a muchas poblaciones marginadas y vulnerables, y aumentará los precios del sistema de salud, lo que afectará a todos los pacientes».

¿Qué dice la encuesta de Pew Research Center?

Una encuesta del Pew Research Center publicada el lunes encontró que el público estadounidense es crítico sobre el manejo que el gobierno ha dado a la ola de migrantes en la frontera sur, ya que 65% de los entrevistados dijeron que el gobierno federal está haciendo un trabajo muy malo, o algo malo. La encuesta halló un amplio apoyo para allanar un camino para que los migrantes que viven en el país ilegalmente regularicen su estancia. Con Voa