En un país donde desde 2013 cualquier adulto tiene acceso legal a productos como la white widow (una popular variedad de cannabis) como es Uruguay, el balance desde que la nueva ley de distribución y compraventa de marihuana se hizo vigente parece positivo. Desde una disminución de la criminalidad y el narcotráfico hasta un amplio margen de beneficios económicos que los impuestos del cannabis han ido recaudando hasta hoy, nuevos puestos de trabajo y en definitiva, un aumento de la riqueza en un país donde hasta entonces el negocio de la marihuana era impensable fuera del oscuro mundo de los cárteles de la droga.

Aun así, hace pocas semanas visitaba Uruguay el presidente de la Junta de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU (JIFE) Werner Sipp con motivo de la ley a favor de la legalización de esta sustancia en Uruguay, una ley que este organismo no parecía ver con buenos ojos desde que se aprobó. Al parecer, las reuniones que han tenido lugar recientemente en Montevideo muestran un balance más positivo y una actitud algo más abierta por parte de la JIFE, tal como lo puso de manifiesto el propio presidente del Comité Científico Asesor (CCA), Luis Yarzábal. El CCA, que fue creado por la JND (Junta Nacional de Drogas) para supervisar las políticas de regulación del mercado del cannabis en Uruguay, se mostró satisfecho por la transparencia con que se llevaron a cabo las políticas de legalización y señaló el fácil diálogo y claridad de las conversaciones que se llevaron a cabo entre las tres partes.

Y es que para muchos la vigente legalidad -no solo en el consumo sino también en el autocultivo de la planta- así como la próxima venta legal en farmacias en 2006, parecen continuar abriendo nuevos horizontes en el país.