El senador Álvaro Uribe, planteó esta semana cinco puntos relacionados con el tema de justicia para, según él, “avanzar en propuestas para una paz estable y que signifique alivio para los colombianos”.

En su nuevo pronunciamiento el expresidente no rechaza del todos los acuerdos con la guerrilla en materia de justicia, pero eso sí mantiene algunas condiciones.

“Si en aras de la paz los cabecillas responsables de delitos atroces no van a cárceles ordinarias, por lo menos durante la sentencia alternativa, esto es, más corta, que se les imponga, deberían estar recluidos en lugares que tengan condiciones penitenciarias, así esos sitios fueran granjas agrícolas o similares”, señala en una posición que es nueva en él.

De todas maneras para el exmandatario, “el equilibrio entre paz y justicia no se debe romper; pues se requiere justicia para que la paz sea respetada por los mismos actores violentos o por otros que pretendan sucederlos en su acción delictiva”.

Para Uribe, sin una justicia adecuada, no hay garantía de estabilidad en el largo plazo a favor de los acuerdos y de los propios signatarios.

Pero eso sí, insiste en que en La Habana se acordará una paz con impunidad, lo cual, a su juicio, genera un precedente grave que reclamarían en el futuro el Eln y las bandas criminales.

“Nos preocupa que por afán político se firme un Acuerdo de Justicia con ambigüedades y aplazamientos, que no obstante su efecto favorable al Gobierno, en el largo plazo solamente traería más dificultades”, dice el comunicado leído por el congresista.

Uribe antes de esbozar una a una sus reflexiones dice que las hace porque observan en el Centro Democrático un ambiente a favor de la impunidad, que en lugar de respetar el equilibrio entre paz y justicia, pareciera querer anular la justicia en procura de la paz con Farc.

Estos son aparte de los puntos que plantea el expresidente

Justicia restaurativa y castigo carcelario

Para Uribe, “no se debe evitar” el castigo carcelario a los responsables de delitos atroces y existe consenso que los guerrilleros rasos no deben ir a la cárcel.

De acuerdo con él, así como la justicia restaurativa necesita ese elemento disuasivo que es el castigo carcelario, la reparación de las víctimas es un complemente necesario del castigo, pero nunca sustituto.

“Si en aras de la paz los cabecillas responsables de delitos atroces no van a cárceles ordinarias, por lo menos durante la sentencia alternativa, esto es, más corta, que se les imponga, deberían estar recluidos en lugares que tengan condiciones penitenciarias, así esos sitios fueran granjas agrícolas o similares”, señala.

Para él, una vaga restricción de libertades no sería un castigo y daría lugar a dificultades interpretativas en el futuro o a la impresión de engaño a la ciudadanía.

Justicia transicional y el tribunal del acuerdo

En este punto el exmandatario insiste en que el caso colombiano, más que de justicia transicional, debería ser de sometimiento a la justicia, sin impunidad y con reciprocidades generosas.

“En aras de la paz, sin que estemos de acuerdo, aceptamos que a la guerrilla se le trate como actor unilateral de conflicto y que se le aplique justicia transicional, administrada por el tribunal que informan los acuerdos, que no se aplicaría a los civiles ni a los integrantes de las Fuerzas Armadas”, señala el comunicado.

Según Uribe, el tribunal transicional, “en cuya escogencia, directa o indirectamente participaría la guerrilla”, tendría la inclinación de absolver a los guerrilleros, para lo cual solo les bastaría no negar los crímenes cuya autoría ha sido notoria, los cuales reconocerían en nombre del derecho a la rebelión y con la invocación de una cadena de justificaciones.

Y a su juicio ese mismo tribunal tendría la proclividad de condenar a civiles y militares y policías y por política de equilibrios llevaría a razonar que si la guerrilla reconoció atrocidades, los civiles y uniformados tendrían que reconocer las suyas.

De todas maneras Uribe insistió en la necesidad de un alivio judicial a los militares y policías, sin impunidad y sin condiciones de justicia transicional.

El narcotráfico y el secuestro

El senador volvió a rechazar que el narcotráfico y el secuestro sean considerados conexos con el delito político, pues para él con esto solo se busca beneficiar a sus responsables con indulto explícito o con una figura implícita equivalente.

“Incomprensible que Colombia, que iba ganando la lucha contra el narcoterrorismo y el secuestro, acepte ante el mundo que estos delitos son políticos”, señaló.

Elegibilidad política

“Hemos aceptado que en aras de la paz se permita la elegibilidad política de quienes entren en los acuerdos con el Gobierno, con la excepción de responsables de delitos atroces como los de lesa humanidad, graves crímenes de guerra, el narcotráfico, la extorsión y otros”, agregó Uribe.

Para él, darles elegibilidad a responsables de atrocidades se constituiría en un premio al delito y en un mal ejemplo a las presentes y futuras generaciones.

“Si se diera elegibilidad a cabecillas de Farc ¿qué se pensará sobre congresistas que han perdido la investidura y los derechos de elegibilidad, sobre paramilitares incursos en idénticas atrocidades que Farc, y sobre miles de colombianos encarcelados por delitos no necesariamente atroces, cuyos derechos de elegibilidad están anulados?”, se preguntó.

El alcance de la tregua

El exmandatario reconoce que algunos de los delitos más visibles en el país se han reducido tras la decisión de la guerrilla de un cese unilateral del fuego, pero otros, como el rearme, narcotráfico, extorsión y control territorial van en aumento.

“Seguiremos en la discusión del plebiscito y en la proposición de formas de refrendación realmente participativas. También en lo referente a la zona de concentración que permitiría con vigilancia asegurar que la violencia por fuera de esa zona no sería atribuible a Farc, y que difiere sustancialmente de las zonas de fractura de Colombia que propone la guerrilla”, señaló Uribe en el comunicado. El Tiempo

‘Nuestras personas detenidas son presos políticos’: Óscar Iván Zuluaga

El director del Centro Democrático dice que hay una politización de la justicia colombiana.

Óscar I. Zuluaga, director del Centro Democrático.

Óscar I. Zuluaga, director del Centro Democrático. Foto: Mauricio Moreno / ETCE

El director del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, afirmó en diálogo con EL TIEMPO que las “personas” de su partido privadas de su libertad son “presos políticos” y reiteró las denuncias de varios uribistas sobre “politización de la justicia”. Hizo un balance de su colectividad en el 2015.

¿Qué balance hace este año el Centro Democrático?

Fue un año muy importante. Logramos consolidarnos y fortalecer una imagen desde el Congreso y nos convertimos en una fuerza política tras las elecciones de octubre, ya con estructura y representación en las regiones.

¿Cómo va a ser gobernar en las regiones?

Nos hemos preparado para gobernar sobre la base de cumplirle a la ciudadanía nuestras propuestas, gobernar con los pilares del Centro Democrático, cercanos a la gente, y con transparencia. Queremos dejar huella en cada región.

¿Y qué espera de la relación con el Gobierno en las regiones?

Esperamos una relación de respeto y trabajo. El partido está elaborando una oferta de todos los programas que tiene el Gobierno y que están en el Presupuesto y les hemos pedido a los ministerios y al Gobierno –y hemos recibido respuesta positiva– establecer un enlace con quien el partido pueda comunicarse para garantizar que nuestros elegidos van a tener comunicación y acceso a la oferta institucional y a los programas del Plan de Desarrollo.

¿El Gobierno designará un enlace para trabajar con ustedes?

Correcto. Fue una solicitud nuestra. Les enviamos una comunicación a todos los ministerios, entidades descentralizadas y programas de la Presidencia para tener un enlace de coordinación, y hemos venido recibiendo respuesta de cada entidad sobre cuál sería la persona responsable para adelantar una coordinación con nosotros.

En la paz, el uribismo se va a seguir oponiendo…

Para nosotros la paz debe cumplir dos condiciones: una es que se base en la justicia y la otra, que sea estable y duradera. Todas las actuaciones del Centro Democrático y de nuestra bancada en el Congreso de la República van siempre en esa dirección.

¿Cuál es su posición sobre la justicia para guerrilleros, militares y no combatientes?

El principal reparo nuestro es que se hace una igualación del narcoterrorismo de las Farc con las Fuerzas Armadas, los empresarios y la sociedad civil, y eso nos parece peligroso.

El Gobierno ha dicho que los empresarios o ganaderos extorsionados, muchos de ellos cercanos al uribismo, serán víctimas y no victimarios. ¿Eso tampoco los convence?

Eso es retórico, al final lo que le queda a quien se someta a ese tribunal de justicia es aceptar responsabilidades. Los órganos de investigación del Estado (la Fiscalía, la Procuraduría, por ejemplo) podrán enviar los listados a ese tribunal, el cual les va a aplicar los mismos principios básicos del acuerdo de justicia, que es un trato de iguales. Allí lo que va a ocurrir es que aceptan la falta o van a tener un camino para que puedan ser condenados hasta por veinte años.

¿Cómo terminan el año los líos judiciales de algunos líderes del uribismo?

Seguimos en esa lucha. Aquí ha habido una politización de decisiones judiciales. Nuestras personas detenidas hoy son presos políticos. Hemos denunciado situaciones lamentables que se han cometido en investigaciones y decisiones. Creo que ahora hay una señal, con lo del coronel (Alfonso) Plazas Vega, que debe llamar la atención del país.

¿Es decir que para usted los funcionarios del gobierno Uribe privados de su libertad son presos políticos?

En ese sentido ya hemos tenido presencia de algunos organismos internacionales que han escuchado al exministro Diego Palacio, por ejemplo. Después de oír grabaciones de la Corte Suprema en ese caso no queda duda de que allí lo que hubo fue un fallo en materia política y cuando esto ocurre estas personas se convierten en presos políticos.

El Tiempo