El abogado Víctor Mosquera interpuso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud de medidas cautelares a favor del abogado y defensor de DD.HH., Jaime Granados Peña por vulneración a sus derechos al ejercicio de su profesión e integridad a su vida.

El abogado Jaime Enrique Granados Peña estaría siendo víctima de actos de intimidación y amenazas de criminalización, como consecuencia de su trabajo de defensor de los derechos humanos, en especial, por su rol en el acompañamiento y defensa de disidentes políticos colombianos.

Tras de ejercer defensa del expresidente Álvaro Uribe por sus derechos al ser objeto del Gobierno de Santos, Granados fue citado al día siguiente por la Fiscalía por caso del hacker Andrés Sepúlveda, por el cual se investiga al excandidato presidencial Oscar Iván Zuluaga. Desde ese entonces, el abogado argumenta ser objeto de hostigamientos e intimidaciones por parte de la Fiscalía.

La citación a interrogatorio por parte de un fiscal se basa en los delitos de falsa denuncia y fraude procesal tras las acciones judiciales presentadas por video que aparentemente fue manipulado en el que aparecía Óscar Iván Zuluaga, excandidato presidencial, en la oficina del ‘hacker’ Andrés Fernando Sepúlveda. De hecho, argumenta Granados que “sí la Fiscalía General tenía el original de dicho video era su obligación mantenerlo en custodia pero no cumplió este fin”.

Del mismo modo, el abogado pidió en su solicitud seguridad por la integridad de su vida ante las amenazas recibidas por del grupo criminal terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, emitidas a través de su portal electrónico.

El abogado finalmente no asistió a la diligencia judicial programada el martes ante la Fiscalía.

Zoilo Nieto
Inmigrante educador y empresario
Oficina de Prensa
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MEDIDAS CAUTELARES – INFORME EJECUTIVO

Las medidas cautelares solicitadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, en favor del prestigioso Abogado y Defensor de los Derechos Humanos, Jaime Enrique Granados Peña, se solicitan por cuanto éste afronta una situación de urgencia y gravedad manifiesta, y para prevenir un daño irreparable en sus derechos y en el ejercicio de su profesión, por cuanto en la actualidad se están tratando de desarrollar acciones estatales injustas y arbitrarias, que vulneran sus Derechos Humanos internacionalmente reconocidos.

Por consiguiente, se solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instar al Estado Colombiano para que adopte las medidas cautelares necesarias para preservar los Derechos Humanos y libertades fundamentales del abogado y defensor de derechos humanos, Jaime Enrique Granados Peña, en la petición presentada se solicitaron las siguientes medidas cautélales:

1)    Que se adopten las garantías suficientes y razonables, por parte de la Fiscalía General de la Nación,  para el pleno ejercicio de la profesión de abogado y defensa de los Derechos Humanos, al señor Jaime Enrique Granados Peña. Suprimiendo y abandonando todo acto estatal que pueda configurarse como ataques, actos de intimidación y hostigamiento en el ejercicio de la profesión de Abogado y como represalia por su trabajo por la defensa de los Derechos Humanos y libertades fundamentales de sus defendidos.

Argumento: Conforme a los hechos descritos en la solicitud de medidas cautelares, el abogado Jaime Enrique Granados Peña estaría siendo víctima de actos de intimidación y amenazas de criminalización, como consecuencia de su trabajo de defensor de los derechos humanos, en especial, por su rol en el acompañamiento y defensa de disidentes políticos colombianos.

2)    Que se adopten medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal del señor Jaime Enrique Granados Peña y su familia, para que pueda desarrollar sus actividades como Abogado y defensor de Derechos Humanos sin ser objeto de actos de violencia y hostigamiento por el ejercicio de sus funciones

Argumento: Esta medida cautelar se solicitó con el fin de que el Estado Colombiano adopte un especial reforzamiento y protección de los derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 4 y 5 para la víctima, medida provisional cuyo fin es evitar un perjuicio irremediable, conforme a las amenazas del grupo criminal terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc y el actual conflicto interno en Colombia.

3)    Que se le entreguen al señor Jaime Enrique Granados Peña, los elementos probatorios que tiene la Fiscalía, sobre los cuales ha basado sus actuaciones contra los miembros del Partido Centro Democrático a los que como abogado representa.

Argumento: Esta medida cautelar se solicitó con el fin de que el Estado Colombiano garantice el derecho consagrado en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, medida provisional que busca el adecuado ejercicio de la defensa técnica, teniendo la oportunidad de conocer y controvertir las pruebas recaudadas por las autoridades. Y de repeler en debida forma las recaudadas de forma ilegal.

4)    Que el Estado garantice al señor Jaime Enrique Granados Peña, inmunidad civil y penal por las declaraciones o acciones legales que haga de buena fe, por escrito o en los alegatos orales, o bien al comparecer como profesionales del derecho ante un tribunal judicial, otro tribunal u órgano jurídico o administrativo. En especial cuando éste ejerza la defensa técnica y acompañamiento de disidentes políticos colombianos.

Argumento: Esta medida cautelar, se solicita con el fin de que el Estado Colombiano garantice el derecho a Jaime Enrique Granados Peña, para el ejercicio de la profesión de abogado defensor.

Abogado Apoderado: Víctor Mosquera Marín, magíster en Protección Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad Italiana Sapienza di Roma, experto en derecho internacional penal y especialista en Migrantes y Refugiados, y en prevención de crímenes de odio.