Fiscal estatal Schneiderman se une a demanda contra Junta de Elecciones en NYC

Fiscal estatal Schneiderman se une a demanda contra Junta de Elecciones en NYC

La demanda del Fiscal General sigue a su investigación sobre la purga de votantes de Brooklyn en las elecciones primarias presidenciales de 2016, que mostró violaciones generalizadas de parte de la Junta de Elecciones de la ciudad de Nueva York

Schneiderman: El derecho a votar es sagrado. Sin embargo, la junta de elecciones conscientemente privó de ese derecho a más de 200,000 neoyorquinos, violando leyes federales y estatales

NUEVA YORK – El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció que se une a la demanda federal contra la Junta de Elecciones de la Ciudad de Nueva York (NYCBOE), alegando que las políticas y prácticas utilizadas por la NYCBOE para cancelar la registración de votantes violaron las leyes federales y estatales. Específicamente, la demanda del Fiscal General Schneiderman alega que desde 2014 la NYCBOE erróneamente purgó más de 200,000 registros de votantes y, como resultado, privó de sus derechos a muchos votantes durante la Primaria Presidencial 2016.

“El derecho al voto es sagrado, y protege a todos los demás derechos. Sin embargo, las prácticas de la Junta de Elecciones de Nueva York fueron directamente responsables de privar de sus derechos a más de 200,000 votantes, violando las leyes federales y estatales y socavando la confianza de los neoyorquinos en las instituciones destinadas a proteger sus derechos”, dijoel Fiscal General Schneiderman. “Es por eso que nos estamos moviendo para unirnos a esta demanda – y no voy a dejar de luchar por las reformas que necesitamos para proteger y ampliar los derechos de voto en Nueva York”.

El Fiscal General presentó documentos en un tribunal federal -incluyendo una propuesta de queja- para solicitar que la Fiscalía General del Estado de  Nueva York pueda participar en una demanda pendiente contra el NYCBOE, presentada por la organización Common Cause en nombre de los votantes purgados. Recientemente, el Departamento de Justicia de la Administración Obama también inició otra demanda.

Lea aquí la moción para intervenir. Lea aquí la propuesta de queja.

La demanda del Fiscal General incorpora nuevas alegaciones que van más allá de las dos quejas anteriores, detallando tres purgas de votantes separadas que eliminaron a 200,000 personas de las listas (una purga en 2014 relacionada con cambios de direcciones, una en 2015 relacionada con cambios de direcciones y una en 2015 relacionada con el “Proyecto de Brooklyn”, detallado a continuación) y nuevas pruebas que muestran tanto violaciones explícitas de la ley y que funcionarios de alto nivel en NYCBOE tenían conocimiento de estas violaciones.

La acción del Fiscal General se deriva de su investigación en curso de nueve meses sobre políticas y prácticas para purgar los registros de votantes. Durante la Primaria Presidencial el 19 de abril de 2016, la Fiscalía General operó una línea directa para solucionar problemas de los que los votantes encontraron en su lugar de votación. Ese día, la Fiscalía General recibió más de 1.500 quejas de ciudadanos de todo el estado de Nueva York, incluyendo muchos de los registros cancelados en Brooklyn.

El mes pasado, el Fiscal General publicó un informe completo sobre el número sin precedentes de quejas de votantes en todo el estado que recibió la línea directa durante la Elección Primaria de abril y las Elecciones Generales. El Fiscal General propuso una serie de reformas legislativas y administrativas para simplificar el proceso de votación, aumentar el registro de votantes y ampliar la participación electoral.

En abril, el Fiscal General también abrió una investigación separada sobre las políticas y prácticas de la Juna de Elecciones después de reportes de que la Junta de Elecciones de Brooklyn eliminó indebidamente a más de cien mil votantes de su registro. La investigación del Fiscal General involucró  entrevistar a más de una docena de funcionarios actuales y anteriores de NYCBOE, revisar decenas de miles de páginas de documentos y examinar más de cien archivos de votantes individuales. Sobre la base de esta investigación, la demanda del Fiscal General alega, con gran detalle, que el NYCBOE violó las leyes electorales federales y estatales de dos maneras claras:

  • Primero, el NYCBOE violó las prohibiciones claras de la ley federal y estatal contra la cancelación de un votante únicamente por no votar. A principios de 2014, los funcionarios de la Oficina de Brooklyn de la NYCBOE elaboraron un plan para cancelar las inscripciones de los votantes que no habían votado desde 2008 y que no se habían notificado a la NYCBOE sobre cambio de dirección, nombre o afiliación al partido. Este plan, conocido en el NYCBOE como el “Proyecto Brooklyn”, fue desarrollado en respuesta a un informe del Departamento de Investigación de la Ciudad de Nueva York, que criticó las prácticas de mantenimiento del padrón de votantes de la NYCBOE y alegó que los votantes inelegibles permanecían en el registro de NYCBOE.

El proyecto de Brooklyn es ilegal bajo la Ley Nacional de Registro de Votantes (NVRA), 52 U.S.C. § 20507 (b) (2), y la Ley de Elecciones de Nueva York, N.Y. Elec. Ley § 5-400, que prohíben las cancelaciones del registro de votantes únicamente por no haber votado. A pesar de esta clara prohibición, el NYCBOE siguió con el Proyecto Brooklyn, y durante varios meses en 2014, más de 20 empleados trabajaron diligentemente para “identificar” a los votantes para su cancelación basado en el criterio ilegal de no haber votado. En última instancia, en 2015, NYCBOE envió la intención de cancelar (“ITC”) avisos y luego purgar casi 117.000 votantes.

Además, los funcionarios de la Junta en Queens utilizaron ilegalmente el sitio web de genealogía Ancestry.com en un intento de determinar si los votantes habían muerto, y habían notificado a altos funcionarios de NYCBOE sobre la práctica, la cual aún continuaba.

El Fiscal General alega que altos funcionarios de la NYCBOE tuvieron suficiente oportunidad para reconocer los criterios ilegales y restablecer los votantes ilegalmente cancelados antes de la Primaria Presidencial de abril de 2016. Por ejemplo, en agosto de 2015, en respuesta a una queja recibida de un votante cancelado por esta purga ilegal, funcionarios de alto nivel en el NYCBOE fueron informados de que la Oficina de Brooklyn del NYCBOE había marcado a los votantes para la cancelación sobre la base de un historial de no votar. A pesar de este aviso, el NYCBOE no tomó medidas inmediatas para reintegrar a los votantes. En cambio, los votantes purgados como parte del Proyecto de Brooklyn permanecieron cancelados hasta y durante la Primaria Presidencial 2016.

  • En segundo lugar, la queja presentada por el Fiscal General alega que la NYCBOE violó las leyes federales y estatales al no seguir los procedimientos adecuados para cancelar los votantes basándose en un cambio de dirección. La NYCBOE recibe regularmente información de la base de datos Nacional de Cambio de Dirección (“NCOA”) del Servicio Postal de los Estados Unidos sobre individuos que pudieron haber cambiado su dirección. Si esa información sugiere que un votante se mudó fuera de la ciudad de Nueva York, el NYCBOE puede iniciar un proceso de cancelación descrito en la ley federal y estatal. Específicamente, bajo la NVRA, 52 U.S.C. § 20507 (c) – (d), y la Ley de Elecciones del Estado de Nueva York § 5-708 (5) (c), el NYCBOE debe enviar al votante un aviso indicando que sospecha que el votante se ha movido y que está buscando la confirmación de la dirección del votante. Si el votante no responde a la notificación y no vota o confirma su dirección de ninguna otra manera durante un período de tiempo que consta de dos elecciones generales federales, el NYCBOE sólo puede entonces cancelar el registro de ese votante.

En contraste con este proceso de cancelación multianual ordenado por la ley, en 2014 y 2015 el NYCBOE esperó sólo 14 días después de proporcionar tal aviso a los votantes antes de purgarlos del registro. El atajo ilegal, ideado e implementado en la Oficina Central de la Junta, resultó en la cancelación de más de 100.000 registros de votantes en toda la ciudad de Nueva York. Por otra parte, muchos votantes, incluyendo varios que entraron en contacto con la oficina del Fiscal General durante la primicia presidencial 2016, fueron marginados por este proyecto ilegal.

El Fiscal General alega además que una supervisión inadecuada no pudo evitar estas purgas. El personal de las oficinas de los distritos no recibió prácticamente ningún entrenamiento para prepararlos para la tarea de gestionar los registros de votantes, y varios ex funcionarios de la oficina de Brooklyn informaron que no sabían que el NYCBOE había escrito políticas sobre el registro de votantes, a pesar de que tenían copias de esas políticas. Además, en entrevistas con la Fiscalía General, varios ex funcionarios de la oficina de Brooklyn sostuvieron incorrectamente que tenían la autoridad para cancelar los registros de votantes basados en un fallo en el voto.

La demanda alega violaciones de la Ley Nacional de Registro de Votantes (“NVRA”), 52 U.S.C. § 20507 (b) (2) y 52 U.S.C. § 20507 (d), así como violaciones de la Ley de Elecciones del Estado de Nueva York § 5-400 y §§ 5-708 (5) (c).

Entre otros remedios solicitados en la demanda, el Fiscal General pide al tribunal que ordene a a la Junta de Elecciones:

  • auditar la cancelación de cada votante de la Ciudad de Nueva York a que se envió una carta del ITC desde el 1 de enero de 2014 y exigir la reintegración de cualquier persona removida en violación de la ley electoral federal o estatal;
  • asegurar  que el proceso de cancelación de los votantes se lleva a cabo de conformidad con la ley electoral federal y estatal;
  • crear un programa de capacitación, con la aprobación de la Fiscalía General, con respecto al mantenimiento de las listas de inscripción y la eliminación de los votantes de las listas;
  • crear políticas de supervisión para asegurar que las oficinas de la ciudad cumplan con las leyes federales y estatales en relación con las cancelaciones;
  • nombrar un nuevo jefe de Registro de Votantes para supervisar los procesos de cancelación y asegurar que dichos procesos cumplan con las leyes federales y estatales;
  • y no seguir usando las cartas de cancelación para cancelar los registros sin documentación de evidencia de que un votante no es elegible.

Este caso está siendo manejado por los Fiscales Adjuntos Ajay Saini, Diane Lucas, y Sania Khan del Buró de Derechos civiles de la Fiscalía General, que es dirigido por la  Jefa Lourdes Rosado. El Buró de Derechos Civiles forma parte de la División de Justicia Social, dirigida por el Fiscal Ejecutivo Adjunto de Justicia Social Alvin Bragg.

El Fiscal General agradece a la Junta de Elecciones de la Ciudad de Nueva York por su cooperación con la investigación.

La Oficina del Fiscal General está comprometida con los derechos de voto que protegen a todos los neoyorquinos elegibles. Para presentar una queja de derechos civiles, comuníquese con la Oficina del Fiscal General al (212) 416-8250, escriba a civil.rights@ag.ny.gov o visite www.ag.ny.gov.

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